La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Henry Van Dyke (1852-1933). Escritor estadounidense.
17/05/2007 - 07:00h

El Gobierno y el sector eólico no llegan a un acuerdo sobre el futuro del sector

Esperando la aprovación definitiva de la reforma del Real Decreto que regula la actividad de producción de energía en régimen especial (donde las renovables están incluidas), por parte el Consejo de Ministros (probablemente el viernes próximo), gobierno y patronal eólica se han enzarzado en un cruce de declaraciones. Pero en vista a la imposibilidad de diálogo, los eólicos han llegado a pedir la intervención del presidente del gobierno.
El Consejo de Estado emitió el pasado 26 de abril el dictamen sobre el proyecto de Real Decreto de regulación del Régimen Especial, que engloba entre otras tecnologías a las energías renovables, en el que insta a Gobierno a valorar las críticas (“observaciones desfavorables”) emitidas por la Comisión Nacional de Energía, así como por diversas entidades y “su alcance en el orden económico, sobre todo en cuanto se refieren a la retroactividad del proyecto y al régimen transitorio que establece”.

El órgano consultivo recrimina también la “omisión destacable” de no haber incluido informes de los ministerios con competencias próximas a la materia, como el de Economía y el de Medio Ambiente, y concluye que “sería aconsejable que en la fase decisoria de este expediente ambos departamentos ministeriales tuvieran una intervención destacada que pudiera compensar las carencias que se han puesto de manifiesto”.

El dictamen hace referencia también a otros puntos, como por ejemplo, a las contradicciones detectadas en los procesos administrativos para acreditar las instalaciones o los referidos a la garantía de potencia, cuya supresión no considera suficientemente justificada.

Más información:
Dictamen del Consejo de Estado

Los eólicos buscan el consenso
Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que el dictamen del Consejo de Estado es un motivo más para retomar la negociación entre el sector y la Secretaría General de Energía y así incorporar los puntos del acuerdo que no se introdujeron en su día en el proyecto de real decreto.

Con la intención de zanjar los desacuerdos, la AEE ha lanzado 3 propuestas al Ministerio de Industria: la primera es la no retroactividad de las revisiones futuras de la prima; en la segunda se piden que el importe de la retribución se fije en el IPC menos el 0,25% hasta el año 2012 y el IPC menos el 0,5% en adelante; finalmente, en la tercera propuesta, se solicita que se respeten los parámetros retributivos del acuerdo del pasado 20 de marzo, entre la Secretaría General de Energía y la Asociación, en cuanto a límite superior -87 euros por megawatio/hora- e inferior -73 euros por megawatio/hora-.

Igualmente, la AEE acepta que la tarifa regulada se rebaje hasta los 75 euros por megawatio/hora, frente a los 78 acordados, si la prima se fija en 33 euros por megawatio/hora, como había quedado pendiente de alcanzar.

Según el sector eólico, el objetivo de las propuestas es mantener la estabilidad que ha caracterizado hasta ahora el marco normativo de las energías renovables y que ha permitido a España ser líder en energía eólica, así como cumplir con el objetivo del Plan de Energías Renovables fijado por el Gobierno (llegar a los 20.155 MW eólicos instalados en 2010).

“Las primas no se pueden subir más”
En una comparecencia en el Congreso de los Diputados la pasada semana, el Ministro de Industria Joan Clos calificó de "equilibrado y razonable" el nuevo marco normativo del régimen especial y recalcó que las primas a la producción eólica no se pueden subir más para no encarecer el recibo de la luz: "si les pagamos más (a los productores eólicos) tendremos que subir el recibo de la luz", explicó. Igualmente, Clos subrayó que el Gobierno es "pro-renovables hasta las últimas consecuencias" y apuntó que Industria ha negociado con el sector "hasta donde ha podido" para que se mantengan las inversiones.

Por su parte, la patronal eólica no tardó en responder las afirmaciones del ministro y aseguró que no se están pidiendo más primas, ya que han aceptado reducir los importes ‘techo’ y ‘suelo’. Igualmente, la AEE afirmó que la eólica no encarece la tarifa, sino al contrario, ya que cuando la energía eólica producida se incorpora a la red eléctrica, el precio medio se reduce un 6%, ya que se dejan fuera las tecnologías más caras. Según la AEE, gracias a esto la reducción del precio fue de cerca de 1.500 millones de euros durante el pasado año, mientras que el importe de las primas no llegó a los 900 millones de euros.

Debido a esto, y ante la inminente aprobación del nuevo decreto por parte del Consejo de Ministros, la patronal ha decidido pedir al presidente del Gobierno que intervenga para reconducir y rectificar el nuevo decreto. La petición se ha remitido al Gobierno esta misma mañana, y por el momento no han recibido respuesta.

Por su parte, el secretario general de Energía, Ignasi Nieto, aseguró el miércoles pasado que el nuevo marco normativo del régimen especial (energías renovables y cogeneración) proporciona una rentabilidad "muy razonable" y apuntó que las primas a la energía eólica pasarán de 1.000 millones de euros en 2006 a 1.400 millones en 2010. Nieto también afirmó que el sector "puede estar muy tranquilo, seguridad jurídica la hay toda".

Europa reclama una legislación eficiente
Paralelamente, Milán acogía la pasada semana unas jornadas de reflexión sobre el futuro de la energía eólica en Europa, organizadas por la Asociación Europea de Energía Eólica y que contaron con la participación de más de 5 mil profesionales del sector.

Una de las principales conclusiones a que se llegó es que, si se quiere cumplir con los objetivos comunitarios de llegar a un 20% de renovables en 2020, hace falta una legislación organizada, eficiente, y con una implantación inmediata.

Otras conclusiones fueron que debe mantenerse la estabilidad legal para las energías renovables en la UE y que ha de ponerse en marcha un plan de acción europeo para acelerar el despliegue de los parques eólicos marinos.

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