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La ley que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente entró ayer en vigor. A través de este texto se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas sobre acceso del público a la información medioambiental y de medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

Con esta ley se incorpora a la legislación española el Convenio de Aarhus, que obliga a los estados firmantes a garantizar la participación pública en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente, al tiempo que asegura a los ciudadanos los derechos de acceso a la información ambiental y a la Justicia en materia de medio ambiente.

En materia de acceso a la información, la ley reconoce el derecho del ciudadano a soliclitar la información ambiental y ser atendido por las autoridades públicas, e impone a las Administraciones la obligación de difundir toda la información que pueda ser relevante para los ciudadanos.

Obligación de las autoridades

Entre los elementos más importantes, se puede estacar la obligación de las autoridades públicas de proporcionar información con la mayor celeridad posible. También es reseñable la apuesta por las nuevas tecnologías y la obligación de difusión de información ambiental en casos de amenaza para la salud o el medio ambiente.

La garantía de participación de los ciudadanos se draá contemplando los plazos suficientes para el estudio de propuestas y estableciendo la obligaciónd e las Administraciones de considerar las observaciones presentadas. Además, se otorga un recnocimiento expreso a las ONG para participar como tituladas de intereses colectivos.

Fuente: El Economista, 21 de julio de 2006