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Trece empresas fotovoltaicas han creado una nueva patronal, la Asociación Empresarial Fotovoltaica, para negociar directamente con el Gobierno "un marco regulatorio estable" a cuatro años, que permita alcanzar los "ambiciosos" objetivos de crecimiento del sector y reducir la dependencia energética española.
 

Durante la presentación de la nueva patronal, el presidente de la asociación y consejero delegado de T-Solar, Juan Laso, apoyó la decisión de crear esta agrupación en el rápido y fuerte crecimiento del sector, que ha superado los "moldes asociativos" existentes.

Actualmente, la hasta hoy única patronal del sector, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), negocia con el Ministerio de Industria el nuevo marco regulatorio que fijará la retribución a la producción eléctrica fotovoltaica a partir del próximo mes de octubre.

La intención de la Asociación Empresarial Fotovoltaica es entrar en las negociaciones con Industria. A juicio de Laso, el sector ha alcanzado "la suficiente madurez para separar el grano de la paja".

El futuro, añadió, exige una visión más a largo plazo de las inversiones, del modelo industrial y de la tecnología, y las empresas "que lo van a protagonizar" deben mostrarse "más activas en la representación, el diálogo y la interlocución del sector".

La Asociación Empresarial Fotovoltaica cuenta como socios fundacionales con Bergé Generación, BP Solar, Fotowatio, Gamesa Solar, Gestamp Solar, Guascor Solar Corporation, Isofotón, Grupo Isolux Corsán, Grupo OPDE, Siliken, Solarpack, Solaria y T·Solar.

Estas empresas representan, según sus datos, más del 70 por ciento del sector, con unas inversiones acumuladas de unos 800 millones de euros, una capacidad de producción de más de 800 megavatios (MW) al cierre de 2008, y casi cinco mil empleos.

El vicepresidente de la patronal y presidente de Siliken, Carlos Navarro, apuntó como objetivo que la potencia fotovoltaica instalada alcance los 10.000 MW en 2016 y aporte el 4,7 por ciento de la generación eléctrica.

Esta producción, añadió, permitiría reducir una importación de gas equivalente a 26 millones de barriles de petróleo, lo que se traduciría en un ahorro anual de 5.300 millones de euros, tomando como referencia de precio los 200 euros por barril.

Fuente: Efe.