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Greenpeace reclama al Gobierno que elimine el límite mínimo de potencia a instalar por perjudicar la viabilidad economica de esta fuente de energía renovable.

El Rainbow Warrior visita un campo eólico marino en el Mar del Norte, cerca de Dinamarca

Foto: Greenpeace

La propuesta de establecer una ventanilla única para las tramitaciones en temas de parques eólicos marinos, en el borrador de Real Decreto por el que se regula el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eólicas marinas, ha sido evaluado positivamente por la organización ecologista Greenpeace.

A pesar de esto, Greenpeace pide al Ministerio de Industria que quite el límitemínimo de potencia a instalar propuesto porque perjudica a la viabilidad económica de esta fuente de energía renovable. Además, la propuesta de Industria establece unas primas para la eólica marina inferiores a las aplicables a la eólica terrestre, y los promotores tendrás que ofertar descuentos en la retribución prevista, lo cual añade dificultad económica.

Greenpeace recalca que el establecimiento de un proceso administrativo único para la autorización de instalaciones de generación eólicas marinas resulta de fundamental importancia para impulsar y acelerar la contribución de la eólica en el mar al mix energético español, de forma que ayude al cumplimiento de los objetivos del Plan de Energías Renovables y del Protocolo de Kyoto, a corto y largo plazo. El procecimiento administrativo debe tener entre sus objetivos simplificar y clarificar el camino que deben seguir los proyectos de instalaciones eólicas marinas para hacerse realidad. La organización ecologista ha hecho llegar a la Comisión Nacional de Energía sus alegaciones al 'borrador de Real Decreto por el que se regula el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de atutorización de instalaciones de generación eólicas marinas', que ha sido remitido por el Secretario General de la Energía al Consejo Consultivo de Electricidad.

Dado el elevado potencial de la eólica marina en España, que asciende a 165.000 MW., según el informe 'Renovables 2050' de Greenpeace, es prioritario poner los medios para que este potencial se pueda aprovechar en la medida de lo necesario. 'La falta de un objetivo político claro, la poca transparencia hasta ahora en los procedimientos administrativos, órganos responsables y metodología en la evaluación de impacto ambiental, ha dificultado la inversión de los promotores en proyectos de eólica marina y la aceptación por parte de la opinión pública de los parques marinos', ha declarado Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, 'todo ello ha llevado a que aún no se haya instalado ni un solo megawatio de eólica marina en nuestro país, a pesar de haberse presentado proyectos que suman varios miles de megawatios'.

Greenpeace propone para una aplicación de la eólica marina respetuosa con la biodiversidad que se constituya un Plan de Vigilancia Ambiental para suplir inexperiencias y un seguimiento de los efectos a largo plazo de los parques offshore, además de un Estudio de Impacto Ambiental para todas las etapas de estudio y construcción de los parques. ESta cuestión se sugería en una posible guía metodológica prometida por el Ministerio de Medio Ambiente que ponía en claro los criterios medioambientales para elegir o descartar un emplazamiento a priori. La definición independiente de las zonas de mayor sensibilidad a la instalación de parques eólicos marinos en España por valor ambiental, rutas de navegación, pesca, telecomunicaciones, es determinante para el éxito de la eólica marina.

Es difícil de justificar que la responsabilidad de la información sobre mapas de vientos y de los emplazamientos disponibles para la implantación de parques recaiga sobre las empresas privadas, cuendo lo más transparente y fiable sería que el órgano responsable facilitara de forma pública e incontestable esta información, evitando así posibles conflictos.

Por otro lado, Greenpeace sugiere una densidad mínima de potencia instalada de 3 MW/Km frente a la propuesta del gobierno de ponerla en 10. Y exige que la limitación de la potencia máxima a instalar, y por lo tanto, la contribución de la energía renovable al mix energético no venga d ela red de transporte sino de otros factores como el medioambiental.

Fuente: Cambio 16, 1 de febrero de 2006