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Unas declaraciones recientes de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sobre el ahorro de agua y la persistencia de las autoridades autonómicas en apropiarse simbólica y políticamente del agua de los ríos que fluye por su territorio han resucitado ante la opinión pública el problema latente pero casi siempre olvidado de la política del agua en España.

Contra lo que pueda parecer a quienes observan el enredo fluvial en los estatutos, el problema principal del agua en España no es de carácter político -que, hay que reconocerlo, se agudiza cuando aparece la sequía-, sino de orden económico y, más exactamente, de distribución de los recursos hídricos. No existe un mercado del agua, entendiendo por tal los mecanismos que permiten trasladar el agua desde los usos donde sobra hasta los usos donde escasea.

Las administraciones públicas están obligadas a elaborar una política del agua que resuelva ese problema y permita enfrentarse a prolongados periodos de sequía, que pueden ser más duros por el "calentamiento global". Estimular el ahorro de las familias es una buena política porque el derroche puede convertirse en un problema serio. La forma de corregirlo es una tarificación correcta -competencia municipal- que ya aplican muchas ciudades, pero que debe extenderse a todos los municipios con consumos significativos. Los tramos de consumo más bajo pagan más barato el litro consumido, por debajo del coste de suministro; los de consumo más alto lo pagan más caro, de forma que la media retribuye los costes incurridos. El sistema es bueno, pero requiere hoy de una subida en los tramos de consumo más elevado.

Además de en el consumo doméstico, hay que actuar en el consumo para agricultura, que se aproxima al 80% del total y en las barreras, hasta hoy casi infranqueables, que obstaculizan la circulación del agua entre usos agrícolas y de boca. El mercado puro y duro no es la solución, porque el agua tiene funciones -de subsistencia, medioambientales- que el mercado no reconoce. Una solución aparece en la Ley del Agua: organizar centros que sean capaces de regular la transferencia de concesiones hidráulicas. De forma que los titulares de concesiones para agricultura puedan, estimulados por precios adecuados pagados por dichos centros, ceder temporalmente sus concesiones para el uso de boca si es necesario. Con este tipo de mecanismos de transferencia de usos de agua podrían construir la red básica de una política práctica del agua en España. Pero necesitan de un desarrollo reglamentario urgente y de un apoyo político que, esta vez sí, la ministra y los partidos políticos pueden prestar eficazmente.

Fuente: El País, 27 de noviembre de 2006