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El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Plan de contratación pública verde, con el que el Ejecutivo someterá a una auditoría ambiental todas las compras de bienes y servicios que realiza la Administración General del Estado (ministerios y organismos autónomos) y Seguridad Social para rebajar los costes que generan.
 

«Encender el interruptor», cada día toda de toda la maquinaria pública tiene un coste cada vez más alto por el mayor consumo de energía y de agua y el encarecimiento de los artículos y servicios (papel, fotocopiadoras, impresoras o vehículos, entre otros) que tienen que contratar por un uso cada vez más intensivo. Según los cálculos del Ministerio de Medio Ambiente, el coste de la factura asciende al 18% del PIB, es decir, casi 150.000 millones de euros.

Lo que pretende el Gobierno con este Plan es ponerse como ejemplo ante las otras administraciones, al comprometerse a realizar una auditoría medioambiental en todas las compras que haga hasta 2010 para rebajar el coste que estas suponen para las arcas públicas.

Antes de anunciar el plan de compras públicas, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya puso como ejemplo el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente, que implantó en 2007 un plan para reducir un 40% el consumo de energía en sus dependencias y que ya disponía de un surtidor de biodiésel en sus instalaciones para los coches oficiales.

Algunas de las medidas

• Los edificios de la Administración General del Estado deberán reducir un 9% el consumo de energía antes de 2010 y un 20% antes de 2016.
• Todas las dependencias públicas estarán obligadas a la instalación de perlizadores (elementos que reducen el consumo de agua) para ahorrar hasta un 20% en su factura antes del 31 de diciembre de 2010.
• Uno de cada dos coches deberá consumir en 2012 un mínimo del 30% de biodiésel o un 85% de bioetanol
• Todos los equipos informáticos que se compren para oficinas públicas deberán incluir la etiqueta energy star antes del 31 de diciembre de 2010.
• El uso del papel deberá reducirse de forma progresiva. El objetivo es rebajar un 40% las publicaciones en soporte papel antes de 2015.
• Los productos con un contenido superior al 10% de madera no podrán haber sido tratados con pesticidas. Del mismo modo, el mobiliario deberá contar con una garantía de recambios durante cinco años.