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"La comunidad científica está certificando que el mar avanzará hacia la costa y que construir cerca de la primera línea es totalmente desaconsejable". Bajo esta premisa, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha instado al Consell a colaborar por tal de parar las nuevas edificaciones en el litoral.

En este sentido, la ministra afirmó que es necesario evitar la construcción del hotel de 24 plantas que se está construyendo en el municipio de Calp, a seis metros del mar. Según Narbona, el hotel invade zona de servidumbre, así el ministerio pondrá "los recursos necesarios para que no se lleve adelante", afirmó.

La Marina Baixa o las dos torres de Punta Llisera son otros ejemplos que el departamento de medio ambiente considera que no deben ser llevados a cabo.

La nueva Ley del suelo, que "hará más transparente el urbanismo", la mayor concienciación ciudadano sobre un desarrollo urbanístico sostenible y las exigencias que impone la Unión Europea son tres factores importantes que, según la ministra, permiten caminar hacia una cultura urbanística diferente.

El viaje de la ministra no hizo ninguna gracia al consejero del PP de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, quien calificó de "electoralista" y "vacía de contenido" la visita de Narbona.

Pero a la Eurocámara, lo que no le ha hecho gracia es el estado del litoral español, lleno de construcciones insostenibles. Y es que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó la pasada semana,  por 13 votos a favor y 3 en contra, un informe contundente sobre las babaridades del urbanismo salvaje español, así como varias recomendaciones para poner freno.

El informe se centra en "el 'enladrillado' del litoral" mediterráneo, en particular el valenciano, sometido a "un expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural". Según el informe "en ningún otro país de la UE se han violado de tal modo y en tal magnitud los derechos de propiedad de los ciudadanos ni se han recibido peticiones sobre este tema de ningún otro Estado miembro de la UE". Además, el eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein lamentó que el territorio valenciano "se haya convertido en el salvaje oeste europeo".

Por su parte, el conseller de Territorio de la Generalitat Valenciana, Esteban González Pons, calificó el informe de "inquisitorial e injusto" por centrarse en Valencia y eludió responsabilidades afirmando que "en toda España se construye igual".

Igualmente, el informe insta a las comunidades autónomas a crear, con la participación de los defensores del pueblo locales, comisiones de arbitraje, donde puedan tener acceso sin costes las personas afectadas por proyectos urbanísticos.

Para la elaboración del informe, dos eurodiputados (el polaco Marcin Libicki, del partido de los hermanos Kaczynski, y el laborista británico Michael Cashman) viajaron durante una semana a Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. Precisamente, este equipo investigador se queja en el informe de los graves obstáculos encontrados en su visita a la Comunidad Valenciana, donde "halló una actitud más arrogante y donde se le facilitaron menos explicaciones".

El informe fue aprobado por los votos de socialistas, verdes y liberales, mientras que los tres eurodiputados populares españoles votaron en contra.