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Según la Ley de Costas de 1988, los primeros 100 metros de costa son terrenos públicos aunque la mayor parte de los ayuntamientos se han saltado a la torera esa normativa.

La ley incluye también la posibilitad de ampliar el grosor de esa franja de costa, aunque hasta hace un año esa disposición no fue usada nunca.

Dado que el Gobierno central no tiene competencias en urbanismo, ya que éstas pertenecen por entero a los ayuntamientos, y viendo el problema de la urbanización masiva de las costas españolas, Narbona ha decidido hacer uso de esa disposición y pasar a la acción.

2.400 hectáreas son las candidatas apasar a manos del Ministerio de Medio Ambiente, con un valor total de 120 millones de euros, lo cual da una media de cinco euros por metro cuadrado.

Estas 2.400 hectáreas se reparten entre 167 fincas candidatas a ser adquiridas, todas ellas propuestas por ayuntamientos, comunidades y organizaciones ecologistas. De ellas, 42 ya están en proceso de expropiación.

El Ministerio de Defensa, además, otorgará prioridad al de Medio Ambiente ante la posible venta de propiedades militares situadas en el litoral.