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El jaleo entre España, los fondos y empresas internacionales que padecieron recortes por sus inversiones en renovables sigue aumentando. Las reclamaciones aún pendientes de fallo han aumentado en 637 millones de euros, según los cálculos del Gobierno.

Lo que implica que, en tan solo seis meses la cifra global de 7.565 millones de euros se ha situado por encima de los 8.200 millones, que representa cerca de un 10 por ciento más y representa una amenaza para el equilibrio financiero del sistema eléctrico. El diario El Confidencial ha obtenido los anteriores datos el pasado 21 de mayo a través de la Ley de Transparencia.

Tras cuatro fallos arbitrales en contra para España y solo dos a favor, además de las mayores reclamaciones registradas actualmente, aún están pendientes de cuantificar las tres últimas, entre las que se encuentra un fondo del banco ético Triodos Bank, por lo que la reclamación total seguirá aumentando. Y para sumarle que, los fallos condenatorios están incubando un bucle de costas e intereses que ya va por los 20 millones de euros.

Los tres inversores en los que el Gobierno más ha subido su cuantía protestada han sido tres multinacionales eléctricas. La primera es la estadounidense NextEra, que pide 393 millones de euros (186 millones más en mayo de 2018 de lo calculado en noviembre de 2017). Las dos mayores subidas las han protagonizado las grandes 'utilities' alemanas. RWE solicita 430 millones de euros a España, mientras hace seis meses se estimó que pedía 273 millones. E.On reclama 435 millones de euros; hace medio año su reclamación ascendía 324 millones. Esto quiere decir que solo entre estas tres empresas piden 454 millones de euros más, las que restan, hasta un incremento total de 637 millones, son las reclamaciones de otros trece inversores: Infrared, Stadwerke, Steag, Ren, Cube, Baywa JGC, Operafund, Watkins Holding, Greentech, EDF, Sunflower y Freif.

Por otro lado, España se reserva otro "as" debajo de la manga y es que Bruselas declarará que estos pagos son contribución de estado incompatibles con la Unión Europea. Sea como fuera, los inversores ya están perseguiendo bienes de España en el extranjero y han solicitado en Estados Unidos la ejecución de sus laudos ganadores.

Ahora queda ver como el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que enfrentarse a un problema que aumenta sus dimensiones. De hecho, varios despachos y fondos especializados en la financiación de litigios están animándose y sondeando la posibilidad de alzar nuevos arbitrajes dados los últimos fallos judiciales, que están siendo muy contundentes en contra del Reino de España.

Por otro lado el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera y el nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, aún no se han pronunciado sobre cómo pretenden afrontar este problema que amenaza con hacer explotar por los aires el superávit del sistema eléctrico, que además carga con una deuda de más de 20.000 millones.