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Por segunda vez en lo que va de año, la Comisión Europea ha tenido que salir a defender su progresiva incorporación al transporte por carretera -el objetivo es que supongan el 5% en 2010 y el 10% en 2020-, ante las declaraciones críticas de Reino Unido. En las últimas, Robert Watson, asesor de medio ambiente del primer ministro Gordon Brown, recomendó al Gobierno británico que estableciera una moratoria en la aplicación de las cuotas establecidas por la UE y cuestionó seriamente la contribución de los biocombustibles a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

"Seguimos pensando que es razonable y hasta modesto aspirar a que en 2020 el 10% de la energía para el transporte proceda de los biocarburantes, hay que pensar que la alternativa es el petróleo". Ferran Tarradellas, portavoz del comisario de Energía, Andris Pieblags, mostraba así la firme decisión de mantener los objetivos.

También los defendió con los mismos argumentos el propio comisario hace dos meses, justo después de conocer un informe presentado a la Cámara de los Comunes británica (Are biofuels sustainable?), en el que se criticaba el precipitado y poco ecológico desarrollo de los biocombustibles. Sin embargo, no se trata sólo de asesores e informes del Reino Unido. Otros expertos en materias ambientales, numerosos centros de investigación y universidades y la mayor parte de los grupos ecologistas y de defensa de los derechos humanos emiten a diario declaraciones y documentos en los que afirman que los biocombustibles no contribuyen a luchar contra el cambio climático, que provocan graves impactos ambientales en zonas de alto valor ecológico (Indonesia y Suramérica, principalmente), que alteran el precio de los alimentos y que afianzan un modelo agrícola de explotación laboral y alta dependencia de grandes multinacionales.

 

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