-Las políticas de biocombustibles contribuyen a acelerar el cambio climático y a agravar la pobreza y el hambre. El incremento de la demanda de biocombustibles para su uso en el transporte en los países ricos hace que se dispare la producción de biocombustibles a costa del aumento de precios de los alimentos, ha declarado José A. Hernández de Toro, portavoz de Intermón Oxfam para agricultura y cambio climático.
-Si un cultivo vale más como combustible que como alimento, será utilizado para producir combustible. Y esto es exactamente lo que está pasando por culpa de los subsidios y las deducciones fiscales a favor de los biocombustibles, mientras las reservas mundiales de cereales se encuentran en la actualidad en niveles muy bajos. Los países ricos están dando apoyo a su propia producción de biocombustibles no sólo mediante subsidios y deducciones fiscales, sino también con metas de consumo y aranceles a las importaciones. Estas medidas actúan como un nuevo -impuesto sobre los alimentos. -Es un impuesto regresivo porque afecta sobre todo a las poblaciones más pobres porque lo que gastan en alimentos representa una gran parte de sus ingresos, ha denunciado Hernández de Toro.
Los países ricos deben revisar sus políticas de biocombustibles ahora. -La evidencia sobre el daño es abrumadora, ha añadido Hernández de Toro. Incluso en países pobres donde los biocombustibles pueden ofrecer alguna ventaja, los costes potenciales son graves y debería procederse con precaución. -Los países ricos se gastaron el año pasado 15.000 millones de dólares en ayudas a los biocombustibles mientras obstaculizaban la comercialización del etanol de Brasil, más barato y menos perjudicial para la seguridad alimentaria global. Es la misma cantidad de dinero que Intermón Oxfam considera que se necesita para ayudar a los países pobres a abordar la crisis de los alimentos, ha explicado Hernández de Toro.
Los biocombustibles que se producen hoy en día no son una respuesta efectiva al cambio climático. Por el contrario, están ocupando terrenos de cultivo y forzando la agricultura a expandirse hacia tierras que actualmente son sumideros de carbono, como bosques y humedales. Esto dispara la emisión del CO2 contenido en la tierra y la vegetación, que tardará décadas en compensarse. Oxfam calcula que hacia el 2020, como consecuencia de la meta de la UE de cubrir con biocombustibles un 10% de de las necesidades energéticas del sector de transporte, las emisiones de carbono procedentes del cambio de uso de la tierra para producir aceite de palma podrían ser casi 70 veces más que el ahorro energético anual que la UE confía en alcanzar con el uso de biocombustibles.
Los casos de Indonesia, Malasia y Tanzania
Indonesia y Malasia esperan cubrir juntas un quinto de la demanda europea de biodiésel a partir de aceite de palma, para lo cual van a triplicar la superficie actualmente en cultivo. La producción para la exportación estará certificada como sostenible según estándares de la UE, pero desplazará las plantaciones no certificadas a zonas previamente cubiertas de bosque tropical y turberas, lo que resultará en aún más emisiones de gases de efecto invernadero. Por si esto fuera poco, la expansión del cultivo amenaza con el desplazamiento a millones de indígenas que habitan esas tierras.
En Tanzania, un alud de inversiones está llegando de la mano de empresas europeas que buscan tierras donde producir materia prima para los biocombustibles, atraídos por un floreciente mercado. En un contexto de escasa transparencia en el proceso de asignación de tierras y debilidad del estado para regular las inversiones, miles de campesinos han cedido sus tierras sin haber recibido las compensaciones y las ofertas de empleo prometidas.
Por otro lado, Hernández de Toro sostiene que los biocombustibles no satisfarán la necesidad de independencia energética de los países ricos: -Incluso si todo el grano y todo el azúcar que se produce en el mundo se convirtiera mañana en etanol - y en el proceso todos nosotros tendríamos menos para comer- sólo seríamos capaces de reemplazar el 40% de nuestro consumo de gasolina y de diésel. Los gobiernos de los países ricos no deberían utilizar los biocombustibles como una excusa para evitar decisiones urgentes sobre cómo reducir su demanda desbocada de gasolina y gasóleo.
Una forma de ahorrar muchas más emisiones de CO2 (hasta en un 30 %) sería exigiendo mayores niveles de eficiencia energética en los vehículos mediante la aplicación de tecnologías ya disponibles o que lo estarán muy próximamente. Medidas de mejora de la eficiencia y reducción del consumo, como la señalada, no sólo resultarían menos costosas, sino que generarían un beneficio económico derivado del ahorro en combustibles, pero su aplicación se ha ido postergando a causa de los obstáculos que interpone la industria del automóvil.
Intermón Oxfam considera que los biocombustibles podrían proporcionar una alternativa energética sostenible para las poblaciones pobres en áreas marginadas en los países en desarrollo, pero los costes económicos, sociales y medioambientales pueden ser graves, y los países deberían proceder con precaución. En Mali por ejemplo, los proyectos de bioenergía proporcionan energía renovable a los hombres y las mujeres pobres que viven en zonas rurales. Así, la producción de electricidad a partir de la biomasa puede ser una opción más interesante para la mayoría de las personas que viven en países pobres, los cuales no tienen automóvil sino que necesitan acceso a la electricidad. Sin embargo, con los niveles de consumo de los países ricos, los biocombustibles no pueden ser el eje principal de la política de substitución del uso del petróleo en el transporte.
-Los biocombustibles debían ser una alternativa al petróleo, una fuente segura de energía para el nuevo transporte. Pero los países ricos han diseñado sus políticas demasiado orientadas al beneficio de los lobbys nacionales con intereses en el sector. Están empeorando el cambio climático, no mejorándolo, están desplazando cultivos y tierra que se utilizaban para producir alimentos, y también están destruyendo los medios de vida de millones de familias en el proceso, ha concluido Hernández de Toro.