8/05/2007 - 09:00h

Euskadi tendrá su propia planta de tratamiento de suelos contaminados

La actividad industrial incontrolada en Euskadi ha provocado la contaminación de miles de hectáreas de suelo. Ahora, el Departamento de Medio Ambiente quiere construir una planta propia de tratamiento de suelos contaminados y evitar así el traslado de materiales tóxicos a otras comunidades autónomas o al extranjero.

Un informe de 1999 de los departamentos de Medio Ambiente y de Sanidad, la Universidad del País Vasco (UPV), centros tecnológicos y consultoras ambientales señaló que había 5.800 parcelas, que ocupaban 7.000 hectáreas (el 1% de la comunidad autónoma) dañadas, fundamentalmente por la industria de transformación de metales, el reciclaje de chatarra, gasolineras, fábricas químicas y madereras. Las zonas más degradadas se localizan donde ha habido más actividad industrial, como Bilbao, la Margen Izquierda y el Alto Deba.

En la década de los 90 se inició la regeneración puntual de zonas afectadas, pero hasta 2001 no se puso en marcha un plan global. Desde entonces se han recuperado 106 emplazamientos (229 hectáreas).

Pero el proceso es lento y los expertos opinan que, con el ritmo actual, se requerirían 180 años para finalizar las labores de recuperación. El principal inconveniente es la alta inversión: 970 millones de euros para la descontaminación total, se ha calculado. No obstante, el gobierno dedica sólo 4 millones al año.

Medio Ambiente ha elaborado un borrador del nuevo plan de suelos contaminados, que tendrá vigencia entre 2007 y 2011, plantea como novedad la construcción de una infraestructura que gestione el tratamiento de las tierras contaminadas. Con esto se quiere acabar con la práctica actual de trasladar las tierras que no se pueden recuperar a plantas de tratamiento en otras comunidades o en el extranjero.

Euskadi tenía a principios de los 90 casi 7.900 hectáreas de suelos potencialmente contaminados, de las que se han recuperado 229, menos del 3% del total. Desde 2005, el País Vasco cuenta con la ley de Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo, que obliga a los responsables de los terrenos tóxicos a pagar su limpieza y que contempla multas de 1,2 millones de euros y el cierre definitivo de la actividad que cause la contaminación.
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