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El pasado día 1 de diciembre las autoridades europeas reconocieron que en la rehabilitación del edificio Berlaymont, sede del Ejecutivo comunitario, se utilizó madera ilegal procedente de Indonesia en el revestimiento del suelo del décimotercer piso, donde se encuentra el despacho de José Manuel Durao Barroso, tal y como denunció la organización ecologista Greenpeace en 2004.

Aunque, según las autoridades europeas de Bruselas se aplican en sus contratos una "estricta" reglamentación que exige a los proveedores garantizar que la madera usada no procede de bosques donde la tala es ilegal, el contratante encargado de proporcionar este material reconoció su infracción y fue multado por ello a pagar 750 euros, dado que la madera era ya imposible de retirar.

"Pese a lo simbólico de la multa, es la primera vez que la Administración europea reconoce que el mercado de productos forestales y la contratación pública son, a su vez, parte del problema y parte de la solución" ha declarado Miguel Angel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace. "Ahora hace falta que la justicia española y el Ministerio de Medio Ambiente se tomen en serio este problema".

En octubre de 2005, Greenpeace denunció ante la Fiscalía de Madrid que las obras de ampliación del Museo Reina Sofia habían producido un grave impacto ambiental en la Amazonia brasileña, hechos susceptibles de constituir un delito ambiental recogido en el código penal español. Greenpeace expuso con una acción directa que la procedencia de la madera de jatoba utilizada en el Museo Reina Sofía en las salas de exposiciones, auditorio, biblioteca y oficinas, así como paredes y falsos techos, procede de empresas brasileñas con una amplio historial delictivo y multadas por las autoridades brasileñas por talar, transportar y procesar madera incumpliendo la ley.

Pese a la amplia documentación aportada por Greenpeace y la mención a los acuerdos internacionales firmados por el Gobierno español, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra comunicó en marzo de 2006 el archivo de las actuaciones, calificando la actitud de los implicados como "imprudente". Según el texto de la Fiscalía, los tribunales españoles carecen de jurisdicción para el encausar conductas de tala ilegal practicada por ciudadanos de nacionalidad brasileña.

En una situación similar, en febrero de 2006 el Grup Balear de Ornitología (GOB) y Greenpeace denunciaron ante la fiscalía de medio ambiente de Baleares que en las obras de modernización de los accesos al Parque Natural de La Albufera de Mallorca se incluyó entre los materiales madera de Ipé, madera procedente de la Amazonia, vendida en Brasil por una empresa maderera del Estado de Pará multada cuatro veces en el periodo 2002-2004 por extracción, transporte y procesamiento de madera fuera de la ley. La madera de ipé llegó a España en julio de 2005, un año después de que la empresa maderera fuera encontrada culpable de talas ilegales y 7 meses después de que el plan de manejo fuera suspendido por la falsedad de los títulos de tierras. Con estos antecedentes es fácil era fácil adivinar que la madera no procedía de la legalidad.

Pero, nuevamente, en septiembre de 2006 el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente de las Islas Baleares archivó la denuncia al no quedar acreditado, según la Fiscalía, la existencia de infracción penal.

Las cosas podrían cambiar a mejor si se aplicara la nueva Ley de Montes, que en su reciente modificación ha incluido un artículo sobre compra responsable de productos forestales en la que insta a las Administraciones públicas a evitar la adquisición de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales mediante procedimientos de contratación pública que tengan en cuenta criterios ambientales.

Pero una reciente investigación de Greenpeace sobre la presencia en el mercado español de productos papeleros procedentes de la tala ilegal de los bosques de Indonesia ha revelado que papeles fabricados por la empresa papelera Asia Pulp & Paper (APP) está siendo importados y distribuidos en España. APP acumula acusaciones de devastación medioambiental, constantes abusos contra las comunidades que habitan sus zonas de explotación, desprecio a la legislación y sobornos y presiones a funcionarios del Gobierno.

Pese a este curriculum, Greenpeace ha encontrado que Administraciones públicas de todo el Estado español, en Andalucía, Madrid, Cataluña, Extremadura y País Vasco, utilizan como contratista habitual a las empresas distribuidoras del papel de APP. Más aún, Greenpeace ha encontrado papel de APP en las oficinas de la Consejería de Justicia en Granada. "Con el dinero de los ciudadanos se compran productos y se contratan empresas que hacen más inhabitable el planeta, y esto es legal" ha declarado Soto.