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Greenpeace denuncia una operación urbanística en área protegida

Greenpeace terminó hoy su campaña en el Guadiana denunciando la gran operación urbanística que se está fraguando en todo el Bajo Guadiana con la connivencia de los municipios de la ribera, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Instituto del Agua portugués. Activistas de Greenpeace desplegaron a última hora de ayer sobre las obras de la carretera de acceso al puente transfronterizo una pancarta con el lema "Destruir para especular". Así quisieron llamar la atención sobre la operación especulativa que la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de El Granado están realizando impunemente en un área protegida.

El proyecto de Ingeconser, S.A. y Residencial Golf, S.L. en El Granado ha sido aprobado por el Ayuntamiento sobre una zona LIC, de muy alta sensibilidad ambiental, Red Natura 2000, hábitat del lince ibérico y del águila imperial y afectada por el Plan Especial de Protección del Medio Físico. La Junta de Andalucía, a través de la Diputación provincial de Huelva, está realizando ya las obras de la carretera de conexión con el futuro puente transfronterizo en El Granado. Esta carretera pasa sobre estos terrenos, recalificados por el ayuntamiento como urbanizables. La obra se está realizando en horario de 24 horas ininterrumpida (suspendido ahora por las lluvias) a pesar de que aún no dispone de todas las autorizaciones necesarias del Ministerio de Medio Ambiente.

De terminarse antes de que la Administración central las paralice o las declare ilegales, las obras podrían acogerse a la política de hechos consumados. Greenpeace denuncia que el Ministerio de Medio Ambiente ha sido informado en diversas ocasiones, por diferentes colectivos y particulares. La organización ecologista, de hecho, ha denunciado la obra ya en dos ocasiones (el 18 de julio y el 23 de octubre) exigiendo la paralización de estas obras ilegales a la propia Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sin haber obtenido respuesta alguna. El proyecto que se esconde tras el puente incluye 3.000 viviendas, hoteles de lujo, un centro hípico, dos campos de golf de 18 hoyos, centros deportivos y comerciales y un puerto deportivo.

Greenpeace ha recorrido el Bajo Guadiana para denunciar la implantación en las riberas de los ríos del modelo de urbanismo salvaje que sufre la costa. Sólo en la margen española está previsto construir varios grandes complejos urbanísticos con puertos deportivos y doce campos de golf. Esto supone, además, una enorme presión sobre la margen portuguesa, que salvo en una pequeña área del municipio de Castro Marín está protegida y cumple con los requerimientos ambientales de las figuras de protección.

La organización exige a los Ministerios de Medio Ambiente de España y Portugal que declaren en el Bajo Guadiana una figura de protección integral e internacional como los parques transfronterizos que ya están funcionando en otros países europeos.

El Ayuntamiento de Ayamonte es otro ejemplo de la implicación de las corporaciones del Bajo Guadiana en la especulación urbanística. Costa Esury ya se está levantando a orillas del Guadiana y ocupando el Dominio Marítimo Terrestre a pesar de las denuncias interpuestas por otros grupos ecologistas. Fadesa, la empresa promotora, está construyendo 6.300 viviendas, dos campos de golf, tres hoteles de lujo y zonas comerciales. Ayamonte es el único municipio por el que ha pasado Greenpeace en su Descenso del Guadiana que ha prohibido a la organización realizar actividades educativas y de información a la ciudadanía.

"Los Gobiernos de España y Portugal están apostando por la destrucción de las riberas haciendo la vista gorda con las operaciones urbanísticas que se están preparando en todo el Bajo Guadiana. La voracidad especulativa en España está llegando a un punto que destruirá todo el patrimonio natural si no le ponemos coto. Portugal, ahora, parece querer imitar el modelo español. La única forma de salvar el Bajo Guadiana es que los Gobiernos de España y Portugal asuman su responsabilidad y creen un Parque Internacional del Bajo Guadiana", ha declarado Julio Barea, responsable de la Campaña de Aguas de Greenpeace.

A pesar que la mayor parte de la orilla portuguesa está protegida, la presión que ejercen las grúas en la otra orilla es tan fuerte, que varios municipios lusos están intentando quieren seguir la estela de destrucción y especulación que sufre la margen española. Proyectos como Almada de Ouro Golf & Country Club, Corte Velha y Quinta do Vale, en Castro Marim, incluyen varios campos de golf, hoteles, miles de viviendas y dos puertos deportivos. De hacerse, triplicarían la población del municipio. Otro de los proyectos especulativos es Ponta Da Areia en Vila Real de Santo Antonio. De nuevo con campos de golf, miles de viviendas y un puerto deportivo.

La ribera portuguesa cuenta, además, con dos ríos sin infraestructuras ni vertidos y donde se conserva en buen estado la fauna autóctona y la vegetación de ribera. Son los ríos Vascao y Foupana. Por ello, Greenpeace pide a Portugal que sean declarados ríos escénicos con una conservación especial e integral en la totalidad de sus cauces.

Además, la construcción de la presa de Alqueva y el cierre de sus compuertas en 2002 ha provocado que las especies migradoras de peces marinos, como la anguila ya no puedan remontar por el río. A ello, se suma la introducción de especies foráneas como el siluro, el perca sol o la gambusia, que suponen una grave amenaza para las especies que viven en el río al ser más voraces y capaces de desplazar a las poblaciones autóctonas.

Alqueva también ha supuesto que el río prácticamente no transporte sedimentos (son retenidos por el conjunto de embalses en un 96%). Estos materiales arrastrados por las aguas son vitales para el desarrollo de los peces del estuario, pues aportan los nutrientes necesarios para su ciclo de vida. Alqueva es ya una amenaza para la supervivencia de las pesquerías tradicionales de la zona y producirá una importante regresión de las playas de Ayamonte, Isla Cristina o Lepe que redundará negativamente en el turismo.

Otros problemas que padece el Guadiana, en este último tramo antes de su desembocadura, son los vertidos de aguas fecales e industriales. A pesar de que la Directiva sobre Depuración de Aguas Residuales entró en vigor a finales de 2005, municipios como Vila Real de Santo Antonio, Ayamonte, Castro Marim, Alcoutim, Odeleite, Azinhal, Fournazinhas y Monte Francisco la incumplen. A estos vertidos se suman los procedentes de varias minas abandonadas en los afluentes del Guadiana, como el Chanza, y de pesticidas procedentes de la agricultura, que de forma periódica producen importantes mortandades de peces.