Aunque la información de El País es sesgada y tendenciosa,
según las organizaciones ecologistas, con el afán de presentar a la propiedad (
ANAV-Endesa/Iberdrola) como los «malos» y al Consejo de Seguridad Nuclear (
CSN) como los «buenos», también parece grave que el Gobierno Montilla, con el visto bueno del organismo regulador, encargue la dirección de un estudio a una persona ligada a la industria nuclear, como es el caso de Carlos Tapia, ingeniero indutrial de l'ETSEIB y tutor del estudio Anteproyecto de un
Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos de alta actividad y de combustible irradiado en España, en que se postulaba Ascó y Vandellós como lugares ideales para el cementerio nuclear. No es la primera vez que se exige a las autoridades que las investigaciones sobre los efectos de la radiactividad se encarguen a organismos independientes.
Según se afirma en
El País «las partículas más pequeñas se perdieron en el Mediterráneo, además de 30 kilómetros, en dirección sureste, y los más grandes y potencialmente peligrosas se quedaron en un radio de unos 700 metros».
El País, y el periodista que firma el reportaje desde Madrid, Rafael Méndez, insisten a utilizar el término «partículas» para lo que ha sido una fuga en masa con zonas calientes de radiación, con la idea de minimizar el impacto real en la salud y el medio de las radiaciones emitidas. El diario madrileño, además, continúa calificando este grave accidente (Nivel 2 de la escala INES) de «incidente».
El informe será entregado la semana próxima y sostiene que la radiación que detectó una estación de la Generalitat de Catalunya del 14 al 17 de diciembre procedía de la fuga de Ascó. Eso implica que la planta emitió radiación al exterior durante al menos varias semanas, ya que la fuga comenzó el 29 de noviembre.
Efectivamente, el 14 de diciembre, la estación de medición de la Generalitat detectó al lado de la central una punta de radiactividad (el pico era de 0,188 microsieverts por hora cuando los «normal» son 0,12). Llamaron a la central y less respondieron que «descartaban que hubiera relación con ningún suceso operativo en la planta». Eso no sólo implica que la central mintió durante meses sino que la Generalitat, más concretamente la Consejería de Interior, se convirtió en cómplice del engaño al no investigar más a fondo o hacer públicas las informaciones pertinentes.
El estudio de Tapia, según
El País, concluye que las «partículas más grandes quedaron a unos 700 metros, lo que significa que llegaron a la ribera del Ebro. Y apunta que las más pequeñas "y menos radiactivas" debían de volar casi como aerosoles «hasta el Mediterráneo». «Son partículas que no se encontrarán nunca porque con el tiempo decae su actividad. No es que tuviesen importancia radiológica, pero no se quedaron al lado de la central», explican fuentes conocedoras del estudio».
La central atómica de Ascó está parada desde el 11 de junio y los ecologistas ruegan para que no se vuelva a abrir.