Noticias Energía Solar

Una quincena de activistas de Greenpeace han reclamado hoy ante la embajada de Japón en Madrid la liberación inmediata de dos de sus compañeros, Junichi Sato, de 31 años, y Toru Suzuki, de 41, arrestados en Japón el pasado 20 de junio tras denunciar un escándalo relacionado con el programa de caza de ballenas respaldado por el Gobierno japonés. Ambos están siendo investigados por un supuesto robo de una caja con carne de ballena que fue presentada como evidencia de la denuncia.

Los activistas han portado pancartas con los mensajes "Libertad para Junichi y Toru" y "Justicia para las ballenas, justicia para Greenpeace". Representantes de la organización ecologista han entregado, además, al embajador copia de una carta con la que más de 160.000 personas hasta la fecha han demandado la liberación de los activistas.

El pasado 15 de mayo, una investigación de Greenpeace destapó un fraude de gran alcance: tripulantes de la flota ballenera japonesa habrían estado comerciando ilegalmente con piezas de carne de ballena de gran valor comercial. Greenpeace pudo demostrar cómo tripulantes del Nisshin Maru, el buque factoría de la flota ballenera de este país, se llevan algunas de las mejores piezas de carne procedente del llamado programa de "caza científica" de ballenas, sacándolas del barco camufladas entre su equipaje personal, para posteriormente comerciar ilegalmente con ella.

Para probar este caso de contrabando, los activistas interceptaron una caja enviada al domicilio de uno de los tripulantes del Nishin Maru. Al verificar su contenido comprobaron el fraude: la nota de la mercancía afirmaba que la caja contenía "cartón" pero en realidad en su interior había 23,5 kg de carne de ballena salada de la mejor calidad, valorada en 2.000 euros. Un informador declaró a Greenpeace que decenas de tripulantes sacaron hasta 20 cajas como ésta cada uno. Investigaciones posteriores en locales y restaurantes en diferentes lugares de Japón confirmaron que se encontraban a la espera de la llegada de carne de ballena procedente de la caza de este año, pese al hecho de que la Agencia Pesquera de Japón y el Instituto de Investigación de Cetáceos no libera la carne para su venta hasta finales de junio.

El paquete fue enviado al fiscal general de Tokio como evidencia de un escándalo de corrupción dentro de las operaciones balleneras en el Santuario de la Antártida, que el Gobierno de Japón defiende como "científicas". El fiscal reconoció que existían suficientes evidencias de malas prácticas. Sin embargo, hasta el momento los únicos arrestados en esta operación han sido los dos activistas de Greenpeace que presentaron las evidencias del escándalo.

"Esto es una respuesta inesperada", declaró Jun Hoshikawa, director ejecutivo de Greenpeace Japón. "Hemos destapado un escándalo en el que podrían verse involucrados altos cargos del Gobierno de Japón que se están beneficiando de la caza de ballenas, y no nos sorprende demasiado que ellos consigan eludir la investigación. Pero que hayan arrestado a nuestros dos activistas, que son completamente inocentes, por haber devuelto la carne que fue robada a los japoneses que pagan con sus impuestos esta práctica es realmente sorprendente. ¿En interés de quién se han hecho estos arrestos? Todo parece indicar que estamos ante una táctica de intimidación de las agencias gubernamentales responsables del escándalo".

El actual programa de "caza científica" de ballenas apoyado por el Gobierno japonés en el Santuario Ballenero Antártico ha estado rodeado de controversia desde su comienzo y está afectando negativamente a la imagen internacional de Japón. Este escándalo plantea la cuestión de quién se beneficia de un programa que no tienen utilidad científica y no es sostenible tampoco desde el punto de vista comercial.

"En lugar de intentar silenciar a aquellos que revelan la corrupción en Japón, las autoridades deberían investigar a quienes trafican con especies amenazadas y siguen obstaculizando los avances en la conservación de las ballenas en todo el mundo", ha declarado Sebastián Losada, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace. "Junichi y Toyu deben ser iberados inmediatamente".

Quien quiera puede pedir la libertad de estos activistas desde esta página.