La pesca pirata cuesta a los pescadores legítimos 9.000 millones de dólares cada año y tiene un impacto devastador sobre las poblaciones de peces y la biodiversidad de mares y océanos de todo el mundo, según afirma la organización ecologista.
La base de datos de Greenpeace, disponible en
http://blacklist.greenpeace.org (en inglés), fue presentada en la reunión del Comité de Pesca de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que se reúne esta semana en Roma. El objetivo es exponer públicamente a los buques involucrados en lo que se conoce como "pesca pirata", y denunciar la falta de acción por parte de los Gobiernos a la hora de prevenir estas actividades ilegales.
"El hecho de que Greenpeace haya publicado esta base de datos global de buques pesqueros involucrados en actividades ilegales es una muestra de la falta de acción por parte de la comunidad internacional a la hora de detener el pillaje de nuestros océanos", declaró Sari Tolvanen, de Greenpeace Internacional. "
Es necesario que un organismo internacional se ocupe de centralizar la información disponible sobre los buques pesqueros existentes, tanto con licencia para pescar como sin ella. Hasta que esto suceda, será muy difícil poner fin al saqueo sistemático de los recursos marinos".
Greenpeace también destacó hoy en la FAO los impactos especialmente severos de la pesca pirata sobre algunos de los países más pobres del planeta, como en el caso de los países de África occidental. Su falta de medios para patrullar sus aguas los convierte en presa fácil de las flotas que operan ilegalmente y sin respetar las normas de gestión de los recursos. Se ha estimado que el África subsahariana pierde 1.000 millones de dólares cada año debido a las actividades de estas flotas.
"Las medidas necesarias para erradicar el problema de la pesca ilegal son conocidas. Son necesarias acciones concertadas a todos los niveles, desde la red en el agua a las estanterías de los supermercados", declaró Sebastián Losada, de Greenpeace, desde Roma. "La cooperación internacional, medidas de obligado cumplimiento para el control en los puertos, así como un registro global de buques pesqueros y un régimen de sanciones adecuado, están entre las herramientas que los Gobiernos necesitan poner en marcha. De esta manera, podremos luchar contra flotas que están literalmente robando el alimento de algunas de las comunidades más pobres en el planeta y destruyendo nuestros ecosistemas marinos".
Los miembros de Greenpeace que acuden a la reunión de pesca de la FAO en Roma han demandado a los Gobiernos que traduzcan los actuales planes de acción de carácter voluntario y las iniciativas internacionales a leyes de obligado cumplimiento. Igualmente, la organización ecologista ha demandado que las necesidades particulares de los países en desarrollo sean tenidas en cuenta por la comunidad internacional.