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Ultimátum de la UE a la ley valenciana de urbanismo

El modelo de urbanismo patrocinado por las autoridades valencianas recibió ayer otro golpe de las instancias europeas. Y esta vez es más duro. Porque si la petición del Europarlamento no es vinculante, el dictamen de la Comisión supone una amenaza de recurrir contra la ley urbanística vigente si la nueva, en proceso de aprobación, no se adapta a las normas comunitarias. Y según Bruselas, de momento no lo hace.

Ignasi Muñoz. Valencia. El punto clave son las obras públicas que van aparejadas a cualquier nuevo plan urbanizador. Viales, aceras, iluminación o alcantarillado quedan en manos de los promotores, que ponen precio y contratan estas obras sin concurso público ni control administrativo de los municipios. Un agente privado acaba adjudicando lo que Europa considera "obras y servicios públicos". El resultado es la quiebra de la unidad de mercado porque se conculca la libre concurrencia de las empresas.

El dictamen señala que la ley en proyecto "no basta" para corregir esa situación y da tres semanas para que se modifique. Si no es así denunciará a España, como representante de la Generalitat valenciana, ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Tanto este ultimátum como la resolución del Parlamento Europeo del pasado martes son dos caras de la misma moneda, la de la falta de garantías, tanto para quienes podrían concurrir a los contratos como para los propietarios de suelo afectados por los planes, que no tienen otra opción que aceptar las condiciones de los promotores.

La resolución del legislativo no es vinculante porque se refiere a la ley en general y el urbanismo es competencia del estado y, en el caso de España, de las autonomías. Pero cuando se ve afectada la concurrencia en el mercado, Bruselas defiende la esencia de los tratados constitutivos de la UE.

El Gobierno de Francisco Camps quiere adelantar la aprobación de la ley a este mes en vez de febrero, como preveía. Según dijo ayer la consellera encargada de asuntos europeos, Gemma Amor, la norma "cumple las exigencias comunitarias". Los socialistas interpretan esas prisas como una forma de pasar página rápido y, según el secretario de Territorio, Eugenio Burriel, de "continuar con las recalificaciones masivas".

Fuente: El Periódico