Las Órdenes del Ministerio de Medio Ambiente, de fechas 21 de noviembre y 19 de diciembre de 1997, por las que practicó el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en las islas de Formentera, Espalmador y Espardell han sido ratificadas por más de una treintena de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Cabe añadir que todas ellas son firmes a día de hoy y confirman la total legalidad de la actuación administrativa.
Sin embargo, y tal y como puede leerse en la nota de prensa emitida por el MMARM: "la Ministra ha reiterado el compromiso existente para concluir los pertinentes estudios técnicos y jurídicos que permitan la modificación del trazado actual de deslinde de la isla de Formentera". Parece claro que la ministra Espinosa está dispuesta a ceder a las presiones de la llamada Plataforma del deslinde de Formentera, que agrupa a entidades que han invadido el dominio público marítimo - terrestre, propiedad de todos los ciudadanos, e ignorar la importante jurisprudencia que existe y que ha sentado las bases para la protección de la costa.
"No cabe modificación de deslinde en contra de la Ley de Costas. Lo que es urgente es que se cumpla, sin más demora, y sin atender a grupos de presión que han degradado la costa" - ha declarado Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF/Adena.
Según Juan López de Uralde, Director de Greenpeace, "Estamos ante una nueva agresión al medio natural, representado en el dominio público marítimo-terrestre, pero, esta vez, desde el propio Ministerio de Medio Ambiente, encargado de su defensa y protección" .