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El Protocolo de Kioto implica para España que el promedio de las emisiones de gases de invernadero en el periodo 2008-2012 no puede superar en más de un 15% las del año base 1990. Después del aumento experimentado en 2007,  las emisiones ya alcanzan el 52,3%. Las emisiones del año base eran de 289,9 millones de toneladas de CO2 equivalentes y la emisiones en el año anterior (2006) fueron de 433,3 millones de toneladas de CO2 equivalente. En 2007 han sido de 441,4 millones de toneladas. 

Así se especifica en el informe sobre la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero (PDF 340 KB), que ha hecho público el sindicato Comisiones Obreras y la representación española del World Watch Institute.

 

El incumplimiento del Protocolo de Kioto puede costar cerca de 4.000 millones de euros a lo largo de los próximos cinco años si no se adoptan medidas nuevas y adicionales de importancia o se agrava la recesión provocada por la crisis del sector de la construcción, que actuó como locomotora de la economía española a lo largo de la última década.
El aumento de las emisiones de los seis gases y para todos los usos en el año 2007 no puede imputarse a un año hidráulico relativamente malo, dado que la producción hidroeléctrica fue un 6,4% superior a la del año 2006.

El consumo de energía primaria aumentó en 2007 un 1,8%, aunque el consumo de carbón creció un 8,8% y el de gas natural un 4,3%, mientras que el consumo de petróleo, a causa del aumento de los precios, apenas creció un 0,7% (ver Tabla 2).

España es el país industrializado donde más han aumentado las emisiones. Con este escenario es muy difícil cumplir el Protocolo de Kioto en un sentido estricto, el principal acuerdo para proteger el medio ambiente y el clima, por lo que habrá que comprar el derecho a contaminar más a otros países. Según nuestras previsiones, realizadas a partir del análisis detallado de las políticas adoptadas por el Gobierno y los escenarios contemplados en los diversos planes ministeriales, elaborados en la pasada legislatura, para el periodo 2008-2012 las emisiones en España superarán en un 45% a las del año base, en el mejor de los casos. Por tanto, no se logrará el objetivo previsto en el II Plan Nacional de Asignación (PNA) -que contempla un 37% de más respecto al año base, cifra ya de por sí considerablemente alta, frente al 24% del primer PNA o el 15% de Kioto-, y tendremos que acudir a los tres mecanismos de flexibilidad contemplados en el Protocolo de Kioto. Esto supondrá un coste de cerca de 4.000 millones de euros para las empresas y el Gobierno y, en última instancia para toda la ciudadanía.