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La Organización ecologista Greenpeace acusó ayer al Gobierno de "renunciar" a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) según los compromisos del Protocolo de Kioto en una cantidad evaluada en 100 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI).

Los planes del Gobierno han sido analizados en el borrador del segundo Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (PNA), todavía en periodo de evaluación pública, al que ha presentado alegaciones la ONG.

El análisis del PNA ha sido realizado por una consultora especializada de Alemania, el Instituto Freunhofer (Sistemas, Innovación y Desarrollo), que ha analizado los planes de otros tres países de la UE (ver gráfico). España es el que peor posición ocupa de los cuatro estados europeos.

El instituto Fraunhofer considera en su informe que el plan español utiliza "en exceso" los Mecanismos de Desarrollo Limpio que contempla el Protocolo de Kioto, y sin embargo, hace esfuerzos menores en reducir las emisiones nacionales, en especial las de los seis sectores industriales que contempla el PNA.

Este segundo PNA, que tendrá vigor durante el mismo quinquenio que el Protocolo de Kioto (2008-2012), ha asignado a la industria 152 millones de toneladas de CO2 equivalente (la cantidad que corresponde al impacto en la atmósfera de los seis gases de efecto invernadero).

Es más, Greenpeace considera que las asignaciones dadas a las más de 1.100 industrias españolas son en realidad "subvenciones encubiertas", aunque "comprende" que exista el PNA que emana de una Directiva Europea. Sin embargo, considera que las emisiones concedidas al sector eléctrico "son un regalo injustificado" para esta industria, y exige al Gobierno que este sector tenga una asignación "cero" en vez de los 54,7 millones concedidos y que "reduzcan sus emisiones completamente o acudan al mercado a comprarlas".

"¿Por qué el Gobierno regala a las eléctricas derechos de emisión que luego éstas nos cobran, en vez de utilizarlos para cumplir con Kioto?", se preguntaba ayer el director de Greenpeace Juan López de Uralde. "No asignar ningún derecho a las eléctricas es coherente, porque estas compañías reciben gratuitamente esos derechos que luego traspasan en costes a sus clientes. Lo lógico es que no se los regalen y si tienen costes o compran derechos de emisión los traspases posteriormente a la factura", añadió López de Uralde.

En cualquiera de los casos, Greenpeace reclama medidas adicionales para cumplir con Kioto y evitar acudir el mercado para comprar esos 100 millones de toneladas de CO2 que el PNA "renuncia" a reducir, o no sabe cómo restar. Al precio que cuesta la tonelada de CO2 hoy en el mercado (unos 10 euros), a España le costará cumplir con Kioto 600 millones de euros cada uno de los cinco años del periodo de cumplimiento. Es decir, 3.000 millones. Cada euro más que suba la tonelada (dependerá de si hay mucha demanda de muchos países), la factura española se podría incrementar considerablemente.

El director de Greenpeace resumió en tres peremisas las alegaciones presentadas "al Gobierno en su conjunto y no sólo al Ministerio de Medio Ambiente": "Que el que contamine pague; que se reduzcan las asignaciones de emisión para cumplir con el 100% d elos compromisos de Kioto, y que se eliminen las asignaciones gratuitas a las eléctricas" para ayudar a reducir emisiones a otros sectores no contemplados en el PNA, como son el sector del transporte o el residencial.

En estos sectores, el informe señala que reducir cada tonelada de CO2 cuesta 112 euros. La cifra se extrae al dividir el coste del Plan de Ahorro y eficiencia Energético (cerca de 8.000 millones de euros) por las toneladas de CO2 que no serán emitidas en los llamados sectores difusos (transporte, residencial y otros). La comparación de precios con lo que cuesta cada tonelada en el mercado (10 euros frente a 112 euros) es el argumento d eGreenpeace para que se reduzcan las asignaciones del PNA.

Greenpeace también se apoya en este argumento para reclamar una "ley de Energías Renovables que proporcione seguridad al sector y haya mayores inveriones en tencologías limpias".

Finalmente, la organización ecologista denunció ayer que no "permitirá"" que el Gobierno utilice Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) para financiar proyectos de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), porque "lo prohíbe expresamente el Protocolo de Kioto y no es ético", según Raquel Montón, responsable de Cambio Climático de la organización ecologista.

Fuente: Gustavo Catalán Deus, El Mundo, 2 de Agosto de 2006