Tal como define el Plan de Medidas Urgentes aprobado por el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos son los responsables de definir, como mínimo, las políticas de reducción del 45% de las emisiones difusas (las no incluidas en la Directiva europea de comercio de emisiones), como las plantas de combustión de potencia inferior a 20MW, la extracción y distribución de combustibles, el uso de disolventes, transporte y movilidad, ordenación del territorio y vivienda, residuos o agricultura.
El Gobierno de Catalunya tiene un marco de competencias que le permite desarrollar una política propia en estos sectores. Por eso, la Generalitat reclama que se abra un proceso de discusión sobre el reparto de compromisos en estos sectores en el ámbito español.
Según el paquete de medidas energéticas i sobre el cambio climático presentado por la Comisión Europea, la reducción de las emisiones difusas debe hacerse a nivel estatal, con una reducción media del 10% en el conjunto de los 27 estados miembros.