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La sentencia pone en evidencia las numerosas contradicciones y la «poca credibilidad» de las declaraciones del representante de la central nuclear. La central nuclear de Almaraz ha sufrido un grave revés judicial en sus pretensiones de culpabilizar y condenar a los activistas de Greenpeace que participaron en una protesta pacífica contra esta central nuclear el pasado 24 de mayo.

Así pues, los 18 activistas de Greenpeace que aquel día se encadenaron a una de las puertas del recinto de la instalación, a quienes la central nuclear de Almaraz pretendió inicialmente imputar un delito de coacciones, han sido finalmente absueltos por el Juzgado de instrucción núm. 2 de Navalmoral de la Mata (Cáceres), mediante reciente sentencia emitida tras el juicio celebrado en este Juzgado el pasado 13 de diciembre.

En su fallo, este Juzgado declara la libre absolución de los 18 activistas denunciados de las imputaciones vertidas en su contra por la central nuclear de Almaraz basándose en una serie de importantes fundamentos jurídicos.

En primer lugar, la sentencia determina que los hechos denunciados (encadenarse a una de las puertas de acceso a la central nuclear de Almaraz) no son constitutivos de infracción penal y que procede a la absolución por la ausencia de pruebas que desvirtúen la presunción de inocencia.

En ese sentido, la sentencia establece que en la práctica de la prueba realizada durante el juicio, el denunciante -la central nuclear de Almaraz- no logró demostrar que las personas denunciadas por ella fueran las que llevaron a cabo el citado encadenamiento.

Además, y la sentencia hace especial hincapié en ello, el representante de la central nuclear de Almaraz, el jefe de seguridad, quien fue testigo de los hechos denunciados, «en su declaración mostró diversas contradicciones ante preguntas clave, la principal referida al número de accesos a la central», como se puede leer en la sentencia.

La sentencia valora la declaración del responsable de la central nuclear de Almaraz como «poco creíble», lo que basa «no sólo en la contradicción de lo afirmado, sino también por la forma de expresarse y conducirse, así como la razón de su conocimiento».

En efecto, el responsable de seguridad de la central nuclear de Almaraz, a pesar de llevar trabajando más de 20 años en la central, tal y como él mismo afirmó en el juicio, mostró un sorprendente desconocimiento sobre las características de la instalación, en concreto del número de accesos a ella, sobre lo que se contradijo notoria y repetidamente, aspecto éste que llevó al representante de la Fiscalía a manifestar durante el juicio que encontraba «sospechoso» el testimonio del denunciante.

Así, como refleja la sentencia, el jefe de seguridad de la central nuclear, «primero aseguró que sólo existe un acceso al terreno de la central, coincidiendo con el que fue objeto de la acción de encadenamiento, (…), a continuación, después de declarar que lleva 20 años trabajando en la Central Nuclear contesta a preguntas del Letrado [de Greenpeace], de forma evasiva y tras inconcreciones continuadas, [afirma] que existen dos puertas de acceso y que la Guardia Civil accedió por una de ellas el día de los hechos; finalmente, se vuelve a contradecir reconociendo al final que, en realidad, son tres los accesos a la central nuclear».

Greenpeace considera que con esta sentencia ha quedado en evidencia la actitud falsa de la central nuclear de Almaraz, así como que su verdadera intención y propósito era el de culpabilizar y escarmentar a los activistas antinucleares para tratar de impedir nuevas protestas, en el ejercicio del derecho de manifestación, contra la actividad contaminante y peligrosa de esta instalación atómica.

La organización ecologista seguirá llevando a cabo de forma activa e independiente su labor de denuncia contra todas aquellas actividades que ponen en riesgo la salud pública y el medio ambiente, como es la producción de electricidad por medio de centrales nucleares.

En este sentido, Greenpeace exige al Gobierno socialista que cumpla su compromiso de poner en marcha antes del fin de la legislatura un plan de cierre de las centrales nucleares, empezando por las más viejas y peligrosas: la de Santa María de Garoña (Burgos) y las dos unidades de Almaraz (Cáceres).