La Federación Minerometalúrgica de CC. OO. quiere manifestar que los hechos que llevaron a la fuga de material radiactivo en la central nuclear de Ascó son consecuencia principalmente de dos elementos fundamentales. En primer lugar, de una política de recorte de costes que ha llevado a que la dirección de la central tenga subcontratada la mayoría de los servicios de control y tratamiento de residuos radiactivos y a que, en este caso, los trabajadores que operaban en las instalaciones careciesen de la formación y experiencia adecuada. Es decir, una vez más, aparece lo que tantas veces ha puesto de manifiesto esta federación: precariedad laboral en una actividad tan peligrosa para los trabajadores y todos los ciudadanos como es el tratamiento radiactivo.
El otro elemento ha sido la política de ocultación y medias verdades que ha llevado la dirección de la central nuclear ante los organismos públicos. Una política que no es nueva, sino reincidente en todos los incidentes que han acontecido hasta la fecha. Lo que pone de manifiesto este incidente es que las modificaciones legislativas que se han realizado para el control de la operación, así como las peticiones del Consejo de Seguridad Nuclear de depurar responsabilidades, o no se han realizado o son insuficientes y no modifican el riesgo existente. La empresa continúa con su política económica empresarial y con la ocultación de los hechos.
La FM de CC. OO. exige una modificación legislativa que dé seguridad en la operación de las centrales. Para ello es necesaria una mayor participación de todos los agentes que son parte activa en el desarrollo y seguimiento de la actividad nuclear y sus repercusiones.
Sólo con una regulación de la Administración que tenga en cuenta a todos las partes para establecer un control, tanto en las inversiones materiales y humanas (plantillas propias adecuadas), así como en el seguimiento de las normas en la operación, se podrá mejorar la seguridad que afecta tanto a los trabajadores como a los ciudadanos en su conjunto.
La FM de CC. OO. espera que el nuevo cambio de gobierno implique la puesta en funcionamiento de modificaciones legislativas que den mayor seguridad real, acordes con las demandas existentes, con la participación de todos los sindicatos.