Noticias Energía Solar

En 2007, las seis centrales nucleares existentes en España (con ocho unidades de producción), tenían una potencia instalada de 7.716 megavatios. Algunos trabajos técnicos recientes del Ministerio de Industria, que fueron presentados recientemente por Ignasi Nieto –secretario general de Energía– en unas jornadas de la Comisión Nacional de la Energía, hacían una proyección a largo plazo (año 2030) y daban por hecho que en esas fechas seguirá habiendo 7.716 megavatios. 

Es decir, se está barajando un escenario en el que las centrales actuales sigan produciendo, con lo que habría que prolongar sus permisos de actividades. Aunque la vida útil para una central nuclear se considera que es, en principio, de cuarenta años, todas las centrales que se encuentran produciendo electricidad en estos momentos tienen permisos intermedios que en su mayoría vencen entre los años 2009 y 2011. 

Para no provocar un colapso eléctrico, y dado el enorme tamaño de esas centrales (algunas suman más de 2.000 megavatios, el 2,5% del total instalado en España), es muy probable que el Gobierno siga alargando sus actividades, algo que se decidirá semanas antes de expirar la licencia. 

La central de Garoña, en Burgos, es la primera que tiene que pasar la reválida, en julio de 2009. En los últimos días, el asunto de si se en España se debe o no reabrir el debate nuclear, y apostar por esta energía (barata y más competitiva), como han hecho otros países europeos, ha cobrado fuerza. Hace unos días, los dirigentes de UGT se sumaron a las declaraciones que hace tiempo hicieron los de CCOO y, por primera vez, se pronunciaron a favor de la energía nuclear, un tema que parece tabú para el actual Gobierno socialista. 

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, se ha declarado antinuclear. Fuentes del Ministerio de Industria negaron ayer que el Gobierno esté planteando en estos momentos un pacto de Estado con el resto de partidos políticos sobre el debate nuclear y, además, que “el Gobierno mantiene su compromiso electoral de apostar por una reducción progresiva de la energía nuclear”. Esta afirmación no deja de tener su truco linguístico. Que el Gobierno apueste por prolongar la vida útil de las centrales no necesariamente quiere decir que se incremente la potencia. 

Al contrario, si se mantienen las actuales centrales, el Gobierno cumpliría con su compromiso de reducir esa energía, por el mero juego de la aritmética. Los 7.716 megavatios de potencia instalada actualmente suponen el 9,2% de toda la potencia eléctrica instalada en España, que entre hidráulica, eólica, centrales de carbón y otras fuentes suma 83.570 megavatios. En 2030, esos mismos 7.716 megavatios nucleares serán sólo el 5,1% de toda la producción eléctrica, según los trabajos técnicos del Ministerio, que prevén 150.906 megavatios. 

Los expertos señalan, por otra parte, las dificultades técnicas para cerrar una central nuclear. Si se cierra Garoña, por ejemplo, ¿de donde van a salir de repente 466 megavatios de potencia?, y además, ¿como reconducir la electricidad por otras redes alternativas que quizás no están dimensionadas? Para calibrar la importancia de las nucleares basta con mirar lo que ocurrió ayer, día récord de consumo eléctrico en España. La nuclear, a pleno rendimiento, cubrió el 16% de toda la demanda. 

El debate nuclear no es la única patata caliente de Industria. Otros frentes son la tarifa eléctrica (ver información en página 4), y cómo cuadrar las cuentas del sistema eléctrico, que sufre desde hace años el denominado déficit de tarifa (el agujero que se les crea a las eléctricas por vender electricidad por debajo de costes). Este déficit se financia con complejos mecanismos financieros (titulización). Este año, por primera vez, la situación de falta de liquidez del mercado bancario ha hecho imposible la titulización.

Industria está barajando fórmulas para que esa deuda lleve la garantía del Estado (como los bonos del Tesoro) de manera que sea más fácil colocarla. Por otra parte, los responsables de Industria están dispuestos a suavizar la normativa que restringe las primas a la energía fotovoltaica, que cada vez añaden más presión a ese déficit. Industria negociará con las empresas si éstas se comprometen a adecuar el ritmo de instalaciones. 

Fuente: Expansión.