Esta es la conclusión principal de la respuesta escrita a una pregunta del diputado socialista Manuel Ceferino Díaz, a la que tuvo acceso
Europa Press, y que el Ejecutivo justifica en base a que el aumento del 155% en la demanda de gas natural desde que entró en vigor la Ley de Hidrocarburos de 1998, no se ha visto compensada por idéntico ritmo de crecimiento en los almacenamientos.
A juicio del Gobierno, esto provoca que el cumplimiento por parte de las empresas de la obligación de mantener ese mínimo de reservas deje un cada vez menor margen para la flexibilidad del sistema gasístico.
En este sentido, recuerda que ni la UE ni la Agencia Internacional de la Energía (AIE) contemplan la obligatoriedad de mantener un mínimo de reservas de gas natural, al contrario de lo que ocurre con los productos petrolíferos, para los que la obligación de mantener existencias de seguridad alcanza los 90 días.
El Ejecutivo insiste en que la seguridad del suministro energético constituye uno de los objetivos de su política energética por la dependencia de España del sector exterior, sin embargo, considera que las normas de gestión técnica del sistema y los planes invernales elaborados a lo largo de la legislatura resuelven un "déficit normativo" en este sentido que abre la puerta a flexibilizar esta obligación.