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Después de nueve días de reflexión, la compañía Total decidió recurrir su condena por "contaminación" pronunciada el pasado miércoles 16 de enero por el Tribunal Correccional de París en el pleito del naufragio del Erika.
 

 

 

 

Al mismo tiempo, la compañía comunicó su propuesta de pagar inmediatamente a las partes civiles "y de manera irrevocable" el importe total de los daños e intereses fijados por el tribunal, lo que representa 192 millones de euros, a condición de que éstas renuncien por su parte a recurrir, lo que les privaría de indemnizaciones en el segundo pleito.

El plazo que se concedió Total ilustra el dilema al cual se enfrentó la compañía. "Si hubiera podido volver a cerrar (este expediente), lo habría hecho, créame. No recurrimos por placer. Lo hago como deber de jefe de empresa. De este juicio un grupo saca beneficios, pero no contribuye a responsibilizar a toda la cadena marítima", declaró el director general del grupo, Christophe de Margerie, en una entrevista al diario Ouest-France, este sábado 26 de enero.

En el fondo, Total estima su condena "injustificada". "Como usuaria de barcos, Total no tiene porque substituir a las sociedades de control y clasificación, al armador y al Estado del pabellón: no es ni su papel ni su oficio", destaca la compañía en un comunicado.

Un trueque

Pero la voluntad de proseguir una batalla jurídica, constante desde el inicio por el abogado de Total, Daniel Soulez-Larivière, debía tener en cuenta un doble riesgo. Por una parte, aquél que representa, para la comunicación del grupo, el conflicto de un juicio muy favorablemente acogido por la opinión pública y los responsables políticos.

Por otra parte, la posibilidad, en caso de condena en apelación, de ver la factura de los daños e intereses sobrecargarse mientras que el importe concedido por el tribunal -192 millones de euros, de los cuales sólo 1.315.000 euros por la cuestión medioambiental- es ampliamente inferior a los mil millones pedidos por las partes civiles.

Esta hipótesis condujo al grupo a proponer pagar la totalidad de la suma a la cual se condenó solidariamente con los otros reos reconocidos culpables, a cambio de la renuncia de las partes civiles.

"Se nos propone un trueque que es una mofa de la dignidad de las colectividades territoriales", observa Jean-Pierre Mignard, el abogado de las regiones de Bretaña, País del Loira y Poitou-Charentes. "La reparación de un daño y la de un reconocimiento de la responsabilidad penal de los protagonistas de la cadena del transporte estan vinculadas y son indivisibles. Las regiones no quieren ser compradas. Defienden un interés público", añade el abogado.

El Presidente (PS) de la región País del Loira, Jacques Auxiette, ya declinó la propuesta de Total. "Que el grupo petrolífero recurra para evitar su responsabilidad penal es inaceptable, por eso la región rechazará esta maniobra y recurrirá", indica, invitando al Estado a tomar la misma iniciativa. Las partes civiles tienen cinco días para pronunciarse.