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En una rueda de prensa multitudinaria, en cuanto a la presencia de medios, convocada por Greenpeace, bajo los auspicios de Tanquem les Nuclears-Nova Cultura de l'Energia (TLN-NLE), y que ha tenido lugar este mediodía en el Centro Francesca Bonnemaison, de Barcelona, Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, ha manifestado que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no «sólo miente, sino que oculta informaciones impoortantes» para la salud y la seguridad de las personas a raíz de la fuga radiactiva iniciada el 27 de noviembre de 2007 en la centra atómica de Ascó. 

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) actúa con una gran improvisación y una enorme falta de transparencia en el asunto del escape radiactivo de la central nuclear de Ascó-1. Greenpeace pedirá a la Fiscalía de Tarragona, que ya ha iniciado diligencias penales al respeto de este suceso, que incluya en su investigación la actuación del CSN en este accidente, por el hecho que este organismo haya podido incurrir, también, en un delito, según ha anunciado Carlos Bravo.

En la rueda de prensa han estado presentes, además de Bravo, Anna Rosa Martínez, delegada de Greenpeace en Catalunya, y Eduard Rodríguez Farré, profesor de Investigación del Departamento de Isquemia Cerebral y Neurodegeneración del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona y vocal del Comité Consultivo Sobre la Realización de Estudios Epidemiológicos en el Entorno de Centrales Nucleares que está realizando el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad en colaboración con el CSIC.

Mientras Carlos Bravo ha señalado que según les han informado algunos trabajadores de la central atómica aún se están encontrando «partículas» radiactivas "cosa de la cual ya no han informado ni la central ni el CSN (que tiene en Ascó a un inpector residente)", Anna Rosa Martínez ha afirmado que el Gobierno de la Generalitat va «a remolque» del CSN y del Gobierno español y que los diversos consejeros consultados por la ong ecologista «tiran pelotas fuera». El hecho cierto es que la red de evaluación radiactiva es competencia de la Generalitat, pero en ningún caso no ha informado a la población de nada y, sorpresivamente, algunos consejeros del Gobierno Montilla desconocen su existencia.

Una de las pruebas más claras de esta improvisación, según ha afirmado Eduard R. Farré, es la desconcertante actuación del CSN para estudiar el potencial impacto radiológico en las personas de la radiactividad liberada. «No sabemos nada y lo poco que sabemos es muy poco fiable», ha dicho. La contaminación, según el profesor, se habría podido verter en cualquier lugar a kilómetros de distancia. «Si cae al agua del río, posiblemente llegue a nosotros a través del agua de boca o de las acelgas con las que se haya regado un campo con agua radioactivada», ha añadido, una perspectiva inquietante, ahora que se habla del uso sostenible del agua y de la interconexión de la red de los regantes del Ebro hacia el área metropolitana de Barcelona. «Pero desconocemos con qué criterios se ha hecho la investigación de la radiación, qué peso y dimensiones tienen las partículas halladas, qué radiación total han emitido, desde cuando la han emitida, donde se han encontrado, etc. Igualmente, en lo que concierne al examen de las posibles personas afectadas, si nos tenemos que fiar de lo que se ha publicado en los medios de comunicación podemos afirmar que estos análisis no sirven para nada», ha manifestado.

 

Desde que Greenpeace informó a la opinión pública el pasado 5 de abril de la existencia de la mencionada fuga radiactiva, el CSN ha pasado, en primer lugar, de «descartar riesgo radiológico en Tarragona» (comunicado de prensa del CSN del 7 de abril), a decir que se realizarían mediciones radiológicas a 800 personas (comunicado de prensa del 14 de abril), para después subir la cifra a unas 1.500 (rueda de prensa del CSN del 22 de abril) y ahora, nuevamente, incrementar esta cifra en otros 912 hasta un total de 2.412 personas (comunicado de prensa del CSN de 30 de abril).

Greenpeace exige al CSN que explique claramente por qué motivo está aumentando continuamente el número de personas sometidas a exámenes radiológicos y que aclare públicamente cuál es su plan de actuación al respecto.

«El CSN tendría que explicar, además, a la ciudadanía la importancia más bien relativa de estas mediciones "ha señalado el profesor Eduard R. Farré" ya que, según se ha estudiado científicamente, la permanencia en el cuerpo humano del cobalto 60, por término medio y sin hacer uso de medidas suplementarias para su eliminación, no supera las dos o tres semanas a lo más (véase, por ejemplo, el informe técnico TM 2002-042, publicado por el Departamento de Investigación y Desarrollo para la Defensa del Canadá, sobre la eliminación de radionucleidos del cuerpo humano). Una cosa de gran importancia en el caso del accidente de Ascó, ya que los ciudadanos "ha añadido" tendrían que haber sido informados de qué medidas se están llevando a cabo últimamente, a petición del CSN, entre las personas potencialmente afectadas por el accidente.»

«Aún siendo de utilidad para verificar que no existen en la actualidad personas contaminadas internamente "ha dicho el profesor Eduard R. Farré", los análisis no servirán de mucho para descartar completamente que no hayan podido resultar contaminadas con anterioridad, en los cuatro meses transcurridos desde la emisión de la radiación, porque de haber sido por Cobalto-60 a estas alturas no existirían trazas importantes de radiactividad en su cuerpo (aunque ésta ya hubiese podido producir efectos negativos para su salud, que podrían tardar un tiempo en aparecer).»

El Cobalto-60 es uno de los isótopos más peligrosos por sus efectos biológicos, como lo testifica el hecho de que su límite de incorporación anual (LIA) es de los más bajos en el reglamentación. El Co-60 emite radiación beta, seguida de dos picos de radiación gamma, con una energía total muy elevada (de 2.82 megaelectrovoltios, Mev).

La falta de transparencia del CSN en este asunto es, para Greenpeace, muy preocupante. No sólo por el hecho que la fuga de radiactiva se produjo en noviembre de 2007 y el CSN (y tampoco la central nuclear de Ascó), que lo sabía con cierta anterioridad, no informó de eso a la opinión pública hasta que Greenpeace lo hizo el pasado 5 de abril, sino, también, porque, pese a que ha pasado casi un mes desde que trascendió la existencia de la fuga, y de haber emitido diversas notas de prensa desde entonces, el CSN aún no ha proporcionado ninguna explicación convincente de por qué y cómo se produjo el accidente en Ascó-1, y tampoco ha comunicado cuanta radiactividad se liberó en la fuga.

«En vez de dar a conocer la cantidad total de radiactividad que salió al medio ambiente, el CSN se ha limitado a dar, en cuentagotas, información sobre el número de partículas radiactivas halladas, y últimamente ni tan solo eso», ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

El conocimiento preciso de la cantidad de radiactividad emitida al medio ambiente, y del inventario de los elementos radiactivos liberados en el escape del 29 de noviembre de 2007, es esencial para valorar el riesgo radiológico al cual se ha sometido al público, a los trabajadores y al medio ambiente, como ya ha reiterado Greenpeace en sendas peticiones al CSN. Además, es básica a los efectos de la calificación de las infracciones que haya podido cometer la central nuclear en virtud de lo dispuesto en los artículos 87.3 y 4 de la Ley 25/1964, sobre la energía nuclear, en la redacción que se da a este artículo al artículo 12 de la Ley 33/2007.

Greenpeace espera que aporte luz sobre este accidente la visita de inspección de un equipo de técnicos de la Comisión Europea para investigar lo que ha pasado, visita realizada, en primera instancia, a principios de la semana anterior, después de la solicitud efectuada por Greenpeace el pasado 22 de abril, apelante a los artículos 35 a 37 del Tratado Euratom. Greenpeace espera que el informe que realice la Comisión Europea después de su visita sea exhaustivo y aclare, con prontitud, todos los aspectos del accidente que hasta ahora el CSN sigue sin revelar y que la ong ha pedido al Consejo ya en dos ocasiones, sin respuesta por ahora.

Así, por ejemplo, es de esperar que la Comisión Europea informe de la cantidad total de partículas radiactivas detectadas dentro y fuera del emplazamiento de la central nuclear; que valore la validez de los métodos de detección de las partículas y de la posterior caracterización de las mismas; que proporcione una lista de cada una de estas partículas, así como de su caracterización radiológica y su nivel de radiación; que aclare si se ha respetado estrictamente los límites de radioprotecció establecidos en la legislación para el público y para los trabajadores; que informe de la causa real del accidente y sobre la adecuada actuación de los operarios de la central nuclear; que concrete si se han cumplido en su totalidad los procedimientos; que valore si es adecuado el diseño de su sistema de ventilación; que aclare si hubo buena coordinación entre los inspectores residentes del CSN en la central y el propio Consell, etc.

Y muy en especial, Greenpeace espera que la Comisión Europea se pronuncie sobre la validez de los exámenes radiológicos llevados a cabo por el CSN, varios meses más tarde de cuando se produjo la fuga de radiación al medio ambiente, pretendiendo buscar partículas radiactivas de Cobalto-60 cuando éstas tienen un tiempo de vida media de residencia en el cuerpo humano (vida media biológica) de unos 9 días.