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Greenpeace y Ecologistas en Acción han anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por la liberación de radiactividad al medio ambiente provocada por la central nuclear de Ascó (Tarragona), en la que se pide una investigación sobre el suceso y el inicio de acciones penales al respecto. 

 

 

Asimismo, las organizaciones ecologistas han enviado un escrito a la Comisión Europea (CE) acogiéndose a los artículos 35, 36 y 37 del Tratado de Euratom, pertenecientes al capítulo de Protección Sanitaria, para pedir su intervención en el análisis de todo lo sucedido. Greenpeace y Ecologistas en Acción solicitan a los servicios de la CE que aclaren si toda la normativa aplicable ha sido adecuadamente respetada por la central nuclear, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y las autoridades españolas.

En la rueda de prensa celebrada hoy en Tarragona, Greenpeace y Ecologistas en Acción han analizado la sucesión de acontecimientos que ha tenido lugar desde el 5 de abril, cuando Greenpeace hizo público que en noviembre de 2007 había habido un escape de radiactividad en Ascó y se había mantenido oculto. Las dos asociaciones exigen que se aclaren totalmente los hechos y critican la poca información, además de errónea e incompleta, transmitida repetidamente a la sociedad por la central y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ha impedido, por ahora, llegar a conclusiones sobre la causa del accidente y sobre sus consecuencias radiólogicas.

Por ejemplo, el CSN afirmó en su nota de prensa del 7 de abril titulada "El CSN descarta riesgo radiológico en Tarragona" que "respecto a la exposición interna, la cantidad de actividad de cobalto-60 que es necesario incorporar al interior del organismo de una persona para alcanzar el límite anual de dosis de 1 miliSievert/año, establecido para personas del público, es de 320.000 Becquerelios (Bq), superior a la actividad total encontrada, que es de 235.000 Bq". Con estos datos llegaba a la conclusión de que no existía impacto radiológico para la población.

Posteriormente, en su comunicado del 14 de abril, el CSN reconocía que "las estimaciones de la cantidad total del vertido al exterior han resultado superiores a las inicialmente comunicadas" y establecía un nuevo máximo de 84,95 millones de Bq. En esa misma fecha el Consejo admitía en los medios de comunicación que ya se habían recogido 150 partículas radiactivas. Una simple división de dicho valor entre 150 establece que el valor medio de actividad de las partículas sería de 566.467 Bq, cifra  obviamente superior a la de 320.000 Bq indicada por el CSN para superar el límite de dosis anual para el público. Greenpeace y Ecologistas en Acción se preguntan cómo es posible que el CSN siga manteniendo que no se han superado los límites de dosis para miembros del público.

Por ello las organizaciones exigen que se haga pública la cantidad real de radiactividad liberada en este escape y se realice un análisis riguroso de su posible impacto radiológico en todos los grupos de edad de la población. Al mismo tiempo, solicitan que sea una entidad independiente la que realice estas revisiones y no una empresa privada participada accionarialmente por la propietaria de la central, como se tiene previsto.

Por otra parte, Greenpeace y Ecologistas en Acción destacan la falta de rigor en la información que la Protección Civil ha aportado e insisten en que se hagan públicas las mediciones de la Red de Alerta Radiológica (RAR) desde el mes de noviembre para comprobar su fiabilidad.

"Es una indecencia que la central haya ocultado la existencia del escape durante tanto tiempo y mientras haya permitido la visita de escolares exponiéndoles a un riesgo innecesario" -ha afirmado Eloi Nolla, coordinador de Energía de Ecologistes en Acció de Catalunya.

"Resulta preocupante y sospechoso el prolongado silencio que mantiene el Ministerio de Industria al respecto de este grave escape radiactivo al medio ambiente" -ha dicho Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.