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El pasado mes de noviembre el Parlamento del Estado aprobó la Ley 33/2007 de reforma de la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, impulsada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde (IV-IU-ICV) en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de Greenpeace. 

Entre los avances conseguidos en la nueva Ley de reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (a pesar de que el texto original fue finalmente desvirtuado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso) se incluye la obligación de los trabajadores de las instalaciones nucleares y radiactivas de poner en conocimiento de los titulares y, si estos no toman medidas, del Consejo de Seguridad Nuclear, las deficiencias en la seguridad de las centrales nucleares y demás instalaciones. La Ley 33/2007 remite a un ulterior desarrollo reglamentario la concreción del procedimiento para que los trabajadores puedan ejercer este derecho que, además, queda establecido expresamente en la Ley 33/2007 como un deber incuestionable.

Sin embargo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) y el Consejo de Seguridad Nuclear  (CSN), desoyendo el mandato legal, están tramitando una reforma del reglamento que regula las instalaciones nucleares y radiactivas (el RINR) para que incluya un procedimiento que dejaría al libre albedrío de los trabajadores el ejercicio de esta obligación. Las alegaciones que planteó Greenpeace al ministerio en el Trámite de Audiencia de la norma fueron desoídas y la versión del RINR remitida por el ministerio al Consejo de Estado, para su tramitación por la vía de urgencia, mantiene un procedimiento de carácter voluntario.

Conocido el texto final del Reglamento de forma extraoficial, Greenpeace se personó ante el Consejo de  Estado como parte interesada con el fin de reiterar las alegaciones que planteó en su día al MITYC y que fueron desoídas entonces. El dictamen del Consejo de Estado no deja lugar a dudas, reconociendo expresamente que dicho derecho-deber es uno de los aspectos fundamentales de la nueva Ley del CSN y que así se debe reflejar en el Reglamento y se requiere al MITYC para que se haga eco del carácter de deber para las personas al servicio de las instalaciones nucleares que tiene la obligación de denunciar las deficiencias en la seguridad.

“Resulta evidente que el Consejo de Seguridad Nuclear, con la connivencia del Ministerio de Industria, está haciendo todo lo posible para dejar sin efecto uno de los avances más importantes de la Ley de reforma del CSN, que se ha discutido durante más de dos años en el Parlamento. Este hecho es de una extrema gravedad”, afirma Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace.

“El derecho-deber que plantea el nuevo artículo 13 de la Ley del CSN no pretende, ni mucho menos, perseguir a los trabajadores. Todo lo contrario. Por supuesto que los trabajadores ahora y siempre han tenido el derecho de denunciar situaciones que pueden poner en peligro su salud e incluso su vida, pero también tienen la ineludible obligación de proteger la salud de las personas que viven en los alrededores de estas peligrosas instalaciones y no pueden permanecer ajenos a algo que es responsabilidad de todos, tanto de los propietarios como de los trabajadores. Se trata, por tanto, de buscar la colaboración y la complicidad de quienes conocen de primera mano el estado de las instalaciones, para evitar situaciones tan graves como las que se dieron en el 2004 en el accidente de Vandellós II y en otros muchos sucesos ocurridos en centrales nucleares españolas”, añade Bravo.

Greenpeace denuncia el reiterado trato de favor que el CSN mantiene hacia las empresas que explotan las centrales nucleares, haciendo todo lo posible para que la reglamentación que se les aplica no sea suficientemente rigurosa y aplicando con laxitud el régimen sancionador, como viene ocurriendo reiteradamente cuando sustituye multas por meras cartas de apercibimiento, que se limitan a recriminar al titular sus incumplimientos.

En este sentido, Greenpeace reafirma su compromiso de denunciar ante la opinión pública este tipo de actitudes por parte del CSN y del MITyC, ya que es contrario a toda lógica que algo como la denuncia por los trabajadores de deficiencias en la seguridad, que es una obligación que lleva decenas de años implantada en la legislación americana y que ha servido para detectar a tiempo multitud de situaciones de riesgo, no resulte beneficioso también en el contexto español, donde, por ejemplo, aún siguen en funcionamiento 8 peligrosas centrales nucleares.

Greenpeace exige firmemente al Gobierno que tenga en cuenta en toda su extensión el dictamen del Consejo de Estado, ya que, de otra forma, sería cómplice de un fraude de Ley que, naturalmente, sería objeto de recurso ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.