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El incumplimiento de esos objetivos le va a pasar factura a España y va a obligar a pagar uno coste que supondrá una merma de 0,12 puntos de PIB hasta 2020 y de 0,08 puntos de PIB entre 2020 a 2050. Así se refleja en un estudio elaborado por los economistas Raimundo Ortega y Miguel Córdoba sobre los costes económicos del cambio climático, en el que establecen la hoja de ruta que deberá cumplir España para mitigar los efectos del cambio climático y compatibilizarlos con un aumento de población y de producto interior bruto.

El estudio parte de una premisa en la que el aumento de los gases de efecto invernadero en España está íntimamente relacionado con el crecimiento económico. El PIB, según los autores, seguirá incrementándose con fuerza a largo plazo, ya que estiman que crecerá un anual del 2,7% hasta 2050. A estos dos fenómenos unen el espectacular crecimiento de la población, que llegará , según sus previsiones, a 51,9 millones en 2035, impulsada por la llegada de los inmigrantes.

Para Ortega, 'el coste es modesto y asumible siempre y cuando se establezcan impuestos que graven las emisiones'. Con un impuesto de 15 euros por tonelada emitida, que pagarían las grandes empresas y se actualizaría anualmente con el deflactor de la inversión productiva, España cumpliría con Kioto en 2020.

El autor deja claro que este impuesto tendría efectos negativos sobre la economía española. El informe calcula que el impuesto supondría una reducción de la inversión (2,5%). El impacto global sobre las cuentas nacionales sería de 1,27 puntos de PIB, acumulado entre 2008 y 2020. Los consumidores vendrían reducido también su gasto.

No obstante, el estudio apunta que si no se hace nada, la merma derivada del crecimiento del gasto sanitario y de las pérdidas en varios sectores económicos (turismo o agricultura) por el calentamiento del planeta, podría oscilar entre el 15% y el 19% del PIB, acumulado en 2040.

Ortega asegura que el impuesto de 15 euros por tonelada emitida que incluye en el estudio es 'el mecanismo más justo porque permitiría identificar a los agentes que contaminan y les obliga a pagar por sus actividades'. Según sus cálculos, este tributo afectaría a 400 o 500 grandes empresas, 'que probablemente luego trasladarían ese coste a los servicios que prestan, al igual que hacen las aerolíneas con las tasas por el encarecimiento del crudo'.

El autor considera que el establecimiento de este tributo serviría de revulsivo para que, por ejemplo, la industria de la construcción reduzca sus emisiones durante la fabricación de materiales o la del transporte busque otros combustibles menos contaminantes.

Fuente: CincoDías.com