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El Gobierno considera «excesivo» el objetivo propuesto por la Comisión Europea para España de recortar de aquí a 2020 en un 10 por ciento de las emisiones en el llamado sector difuso (transporte, vivienda, agricultura) en relación con los niveles de 2005. Así, la delegación española considera que sería «más correcto» desde el punto de vista de la «equidad» un objetivo de reducción del 8 por ciento, según explicó en Bruselas el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, que encabezó la comitiva española en la reunión de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea.
 

Los Veintisiete discutieron el paquete de medidas sobre energía y cambio climático presentado por la Comisión el pasado 23 de enero. En este paquete se asigna a cada Estado miembro la cuota de reducción de emisiones que le corresponde de aquí a 2020. También se reforma el sistema de comercio de emisiones para que a partir de 2013 las empresas tengan que pagar por los derechos a través de subastas. «Nos parece que el objetivo del 10 por ciento es excesivo para España. Y de hecho es fácil comprobar que les supone a los ciudadanos españoles un esfuerzo por habitante mayor que la media -explicó-. Estaría más de acuerdo con la aplicación estricta del criterio de equidad una reducción del 8 por ciento».
A pesar de todo, Aizpiri valoró positivamente las propuestas del Ejecutivo comunitario porque «atienden una buena parte de las demandas que ha venido haciendo España». En primer lugar, hay una mayor «equidad» a la hora de repartir entre los estados miembros los esfuerzos si se compara con la asignación que se hizo para el periodo 2008-2012, gracias al criterio incorporado de PIB per cápita. Además, explicó que se introducirán «métodos homogéneos» en la UE para la asignación de permisos de emisión para las industrias, lo que eliminará distorsiones y garantizará que cada empresa «reciba la misma asignación independientemente del Estado miembro en que desarrolle la actividad».

También apoyó que generalice el mecanismo de la subasta para adjudicar los derechos de emisión en el sector energético, pero rechazó que se aplique el mismo principio al resto de industrias. «Creemos que eso puede poner en riesgo la competitividad de alguno de estos sectores y que debe buscarse una solución más flexible en la que tenga un mayor peso la asignación gratuita en esos sectores», dijo. Finalmente, lamentó que la Comisión haya limitado el uso de los mecanismos de flexibilidad, por ejemplo, la posibilidad de que una empresa invierta en un país en vías de desarrollo para conseguir derechos de emisión. A su juicio, ello envía un «mensaje confuso» a estos países en vías de desarrollo sobre la lucha contra el cambio climático.