En dicha cita, se adoptará una declaración política que avale la iniciativa, así como sus estructuras y modo de funcionamiento y, posiblemente, una lista de proyectos regionales concretos que podrían realizarse dentro de su marco.
La iniciativa, respaldada por los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete el pasado mes de marzo en Bruselas, tendrá como miembros a todos ellos; los países partícipes de la anterior iniciativa --Argelia, Marruecos, Líbano, Siria, Túnez, Egipto, Jordania, Israel y los territorios palestinos--, así como los países hasta ahora observadores en el Proceso --Mauritania, Libia y Albania--. Además, habrá 'nuevos miembros' de la costa mediterránea como Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Mónaco, explicó Ferrero-Waldner.
La Comisión Europea, en línea con la propuesta original del presidente francés, Nicolas Sarkozy, apoyado por la canciller alemana, Angela Merkel, ha propuesto que la iniciativa sea co-presidida por un país de la Unión Europea y por un país de la ribera mediterránea no comunitario, que deberá ser elegido por consenso para evitar el recelo que despierta en los países musulmanes la posibilidad de que Israel les represente en las reuniones en calidad de presidente por parte no comunitaria.
Cada dos años se celebrará una Cumbre del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, la primera de ellas en julio. En medio de una cumbre y otra, los ministros de Asuntos Exteriores de ambas orillas del Mediterráneo se darán cita para 'revisar los progresos (en la consecución de proyectos) y preparar futuras Cumbres'. Todas las cumbres y reuniones se celebrarán de forma alternativa en un país comunitario y en un país de la ribera mediterránea no comunitario.
Francia, en calidad de país que ostenta la presidencia de la UE, será el presidente del Proceso por parte europea. Sin embargo, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, prevista el 1 de enero de 2009, la presidencia europea corresponderá al presidente del Consejo de ministros de la UE y al presidente de la Comisión Europea en cumbres de jefes de Estado y de Gobierno.
El presidente de parte europea, en el caso de las reuniones de ministros de Exteriores, será el Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión. En el caso de la presidencia correspondiente al país mediterráneo no comunitario deberá elegirse por consenso y por una duración de dos años.
Además del sistema de copresidencia que busca reflejar la idea de 'copropiedad' del Proceso 'en pie de igualdad' por parte también de los países de la ribera mediterránea no comunitarios, se creará un pequeño secretariado, cuya ubicación tendrán que decidir los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete y de los países mediterráneos el próximo julio.
Dicho órgano tendrá 'una función muy importante' ya que estará encargado de presentar propuestas de iniciativa conjunta, supervisar su realización toda vez sea aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno --tras ser debatidos por los ministros de Exteriores y recibir previamente el 'visto bueno' del Comité Euromediterráneo--.
Además, el secretariado deberá encargarse de 'buscar socios y recabar financiación' para desarrollar los proyectos, explicó Ferrero-Waldner que dijo no creer que éste se aloje en Bruselas al destacar que hay 'varios' países candidatos a albergarla.
Preguntada por la posibilidad de que sea Barcelona la ciudad que acoja su sede, la comisaria reconoció no haber oído que sea 'candidata oficial' aunque la ciudad condal ya acoge la sede del Instituto Mediterráneo. En cualquier caso, aseguró que 'Barcelona será valorada junto al resto de candidatas' el próximo julio.
Por otra parte, un Comité Permanente Conjunto, compuestos por representantes de los países miembros del Proceso y de la Comisión, se establecerá como 'órgano político' para ayudar a preparar las reuniones, pero también 'podrá servir como un mecanismo de reacción rápida' para hacer frente a emergencias, tales como accidentes en el Mediterráneo, explicó Ferrero-Waldner.
La comisaria abundó en la necesidad de 'no duplicar instituciones' y recalcó que 'el éxito' de la nueva iniciativa pasa por la 'fusión' de ésta y su predecesora. 'Hay instituciones comunitarias que existen desde hace mucho tiempo, hay que preservarlas', incluida la Asamblea Euromediterránea, explicó. 'Todos están de acuerdo en ello', aseguró.
PROYECTOS Y FINANCIACIÓN
Además de hacer visible la importancia política de la cooperación a ambos lados del Mediterráneo, el objetivo de los proyectos será el de 'contribuir a la integración regional y cohesión social' en la región, fundamentalmente a través de proyectos de infraestructura para potenciar las conexiones marítimas. Desde 1995, la Comisión Europea ha destinado más de 16.000 millones de euros al desarrollo de proyectos en la región.
Los proyectos desarrollados en el marco del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo beneficiarán también a los ciudadanos europeos por la 'importancia de desarrollar el área de los países del sur del Mediterráneo', aseguró Ferrero-Waldner. A su juicio, más desarrollo en el sur se traducirá en 'menos inmigración ilegal' y 'menos terrorismo'.
También reportará beneficios comerciales, fomentará el turismo en la región y la seguridad marítima, recordó. Los países partícipes del Proceso de Barcelona original ya se comprometieron a crear un área de libre comercio en el Mediterráneo a la altura de 2012. La comisaria aseguró que 'hay progresos sustanciales' para lograr este objetivo.
Además de proyectos para descontaminar el Mediterráneo y reforzar las capacidades en materia de protección civil, ya iniciados bajo la iniciativa anterior, Bruselas propone también desarrollar 'autopistas del mar' para interconectar países en la región y 'un plan solar' para fomentar este tipo de energía renovable, que tenga en cuenta aspectos como 'el suministro energético' y proyectos de desalinización.
Para financiar los proyectos, la Comisión Europea propone recabar apoyo del sector privado, así como activos a través de la cooperación bilateral de los 27 y países socios de la iniciativa y fondos de instituciones financieras internacionales, incluidos los bancos regionales.
Asimismo, los proyectos podrían contar con 'alguna financiación comunitaria adicional' a través del el Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Cooperación (FEMIP) y del Instrumento de Política de Vecindad Europea.