Se trata de un límite nuevo a las emisiones asignado a cada país para que Bruselas pueda conseguir su meta global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para 2020 respecto a los niveles de 1990 y que en esa fecha un 20% de la energía que consuman los Veintisiete proceda de energías renovables, como la eólica o la solar.
El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, que ha presentado el plan, ha reconocido que reducir las emisiones contaminantes tendrá un coste, pero ha subrayado que será menor que el que tendrían las consecuencias de no hacer nada para frenar el cambio climático. Así, ha cifrado en 3 euros por ciudadano europeo y semana el coste estimado de las medidas propuestas en el plan. "Es cierto, van a tener un coste, pero es un coste asumible, y tenemos que compararlo con el coste que tendría no hacer nada", ha declarado Barroso ante el pleno del Parlamento Europeo, reunido en sesión extraordinaria. Según Barroso, si la UE no emprende un plan ambicioso de reducción de las emisiones de efecto invernadero, el coste para los europeos sería de 60 euros por persona a la semana, según los cálculos de la CE.
El plan aprobado por la Comisión, que deberá ser ratificado por los Estados miembros y por el Parlamento Europeo, es una apuesta por el uso de las energías renovables, que deberán suponer un 20% de la energía consumida en la UE para 2020, y los biocombustibles, así como unas cifras de reducción de emisiones que pongan a la UE a la cabeza de la lucha contra el cambio climático. Según el plan, las emisiones de CO2 deberán recortarse en 2020 un 20% con respecto a los niveles de 1990. El porcentaje podría ampliarse al 30% si otros países industrializados adoptan compromisos similares.
La mayor resistencia al plan europeo viene de la industria, sobre todo de aquellos sectores productivos más contaminantes, como son la industria del acero, el cemento, el aluminio o la química. Los empresarios temen que, al tener límites a las emisiones, tendrán que comprar derechos, lo que hará sus productos más caros y, por tanto, menos competitivos frente a los de empresas de otros países, como China o India, que no tienen límites a sus emisiones. Uno de los temores es la deslocalización de estas empresas, su traslado a países con normas ambientales menos restrictivas.