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Las Jornadas sobre Contaminación Electromagnética y Salud organizadas por COVACE, Sagarrak-Ekologistak Martxan y el Ayuntamiento de Basauri, que se celebraron los días 3, 4 y 5 de abril en la Casa de Cultura de Ibaigane, en Basauri, han sido el más importante foro de médicos y científicos especializados en bioelectromagnetismo, afectados y abogados que defienden sus derechos que ha tenido lugar hasta la fecha en la CAPV. 

 

Las jornadas contaron con una gran afluencia de público y, como lo demuestra el número de consultas recibidas en COVACE y las webs de afectados, van camino de convertirse en un referente para el creciente número de personas que están sufriendo las consecuencias del despliegue caótico de las antenas y estaciones base de telefonía y buscan información y asesoramiento.

En las jornadas, ingenieros, médicos, patólogos e investigadores especialistas en bioelectromagnetismo analizaron la grave amenaza para la salud que supone la excesiva y creciente exposición constante de toda la población a las emisiones de ondas digitales procedentes de las antenas de telefonía y los sistemas WIFI y WIMAX.

Un examen de los trabajos publicados en revistas científicas reveló que en el 70% de las investigaciones sobre los efectos de las radiaciones de las antenas se constatan efectos nocivos para la salud. Sólo un 14% no encontraron efectos nocivos, aunque no puedan descartar que existan, y el resto no resultaron concluyentes.

Para valorar estas cifras, de por sí alarmantes, hay que tener en cuenta también que las propias operadoras financian numerosos estudios intentando probar que no hay peligro alguno. Así que el que un 70% de las investigaciones aporten evidencias de daños debería alertarnos de que no se puede esperar más para exigir a las autoridades que tomen medidas para proteger a la población.

En una cuestión tan vital como la salud de la población se debe dar prioridad al Principio de Precaución, a no ser que sean las propias operadoras de telefonía las que demuestren sin sombra de duda que su tecnología es inocua. Actualmente la mejor prueba de que no pueden hacerlo es que no hay ninguna aseguradora que quiera extenderles una póliza de seguros contra daños de ningún tipo a la salud de las personas.

Sin embargo, en el Estado español, los actuales límites de emisión fijados en el Real Decreto 1066 son tan desorbitados que no sirven para nada. Baste como ejemplo decir que son de 450 microwatios por centímetro cuadrado, mientras que en Salzburgo son de 0,1 y todavía pueden usar los teléfonos móviles.

Para atenuar el impacto de la exposición constante a las radiaciones, en primer lugar, hay que colocar las antenas a mayor distancia de los núcleos de población y, además, hay que reducir drásticamente los niveles de emisión legalmente permitidos. No hay razón para no hacerlo porque es perfectamente factible alejar las antenas y reducir sus niveles de emisión, sin afectar a las prestaciones actuales.

Los tres abogados ponentes en las jornadas insistieron en que los municipios tienen competencias suficientes para aprobar normativas garantistas que alejen las antenas y rebajen considerablemente los niveles de emisión. Tenemos que exigir a nuestros ayuntamientos que protejan nuestra salud y nuestro derecho constitucional a no ser invadidos en nuestros cuerpos y domicilios por las radiaciones de las antenas de telefonía.

A nivel internacional, así como por todo el Estado, hay cada vez más movimientos y asociaciones de afectados que reivindican su derecho a la salud y a la inviolabilidad de sus cuerpos y domicilios frente a los intereses de las operadoras de telefonía inalámbrica. Muchos de estos grupos participaron en las jornadas con el objeto de coordinarse para seguir promoviendo la defensa de los afectados, la salud de la población y la protección de la biodiversidad animal y vegetal también gravemente amenazada por las emisiones de las antenas de telefonía.