
El precio del gas en el mercado europeo de referencia (TTF) ha superado hoy los 76,73 €/MWh, su nivel más alto desde enero de 2023, tras la escalada del conflicto en el estrecho de Ormuz. En España, el mercado mayorista (MIBGAS) ha llegado a superar los 80 €/MWh en el spot esta semana, y la factura energética del país ya ha subido 8.800 millones de euros desde que empezó la crisis, el 28 de febrero. Con los almacenamientos europeos por debajo de su media habitual y el invierno a la vuelta de la esquina, la pregunta que se hacen los hogares españoles es inevitable: ¿toca preocuparse?
Desde que comenzó la crisis, el gas se ha encarecido un 139,4% y la electricidad un 123,1%, mientras la gasolina sube un 17% y el diésel un 28,9%. El TTF pasó de 30,78 €/MWh a finales de febrero a superar los 76 €/MWh en apenas seis meses, con picos en el mercado eléctrico español de 172,07 €/MWh el pasado 7 de septiembre —el máximo del año—, provocados por una caída puntual de la producción eólica que obligó a recurrir con más intensidad a los ciclos combinados de gas.
Ormuz canaliza en torno al 20% del GNL mundial y ha permanecido prácticamente cerrado desde el inicio del conflicto en febrero. Los ataques a infraestructuras energéticas clave de la región —el yacimiento de South Pars, compartido con Qatar, o la planta de GNL de Ras Laffan— han disparado los precios en varios episodios a lo largo del año, cada vez que se ha intensificado la escalada militar.
La inflación general española se situó en el 3,5% hasta julio, con el componente energético en tasas del 9% al 10% interanual. El propio Gobierno admite que la crisis ha superado sus previsiones iniciales, y BBVA Research advierte de que el IPC podría superar el 4% durante el tercer trimestre si el gas se mantiene en la franja de 70-80 €/MWh de forma sostenida.
Para contener el impacto sobre los hogares, el Ejecutivo aprobó en marzo un Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio: rebajó el IVA de la electricidad, el gas y los carburantes del 21% al 10%, situó el Impuesto Especial sobre la Electricidad en el 0,5%, amplió los descuentos del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y 57,5% para vulnerables severos) y prohibió cortar el suministro a los hogares protegidos. Desde julio, la rebaja del IVA de los carburantes fue sustituida por una reducción escalonada del Impuesto sobre Hidrocarburos. El Gobierno ha decidido además alargar la operación de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, cuatro años más de lo previsto, en parte como respuesta a esta crisis.
Aquí conviene un matiz importante. España está menos expuesta que el resto de Europa a un corte directo del GNL catarí, gracias a la diversificación de su suministro de gas: el gasoducto argelino de Medgaz y el GNL estadounidense cubren juntos alrededor del 70% de las importaciones, con un peso mucho menor de Oriente Medio que en otros países del continente. Pero el precio del gas se fija en un mercado europeo único —el TTF y, sobre él, el MIBGAS español—, de modo que, aunque a España no le falte gas físicamente, paga el mismo precio inflado que el resto del continente.
Los almacenamientos de gas europeos se encuentran en torno a 15 puntos porcentuales por debajo de su media de los últimos cinco años, después de un invierno anterior más frío de lo habitual. Si no llegan señales de desescalada entre Estados Unidos e Irán antes de que arranque la temporada de mayor consumo, la preocupación tiene fundamento: los futuros para el cuarto trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027 ya cotizan al alza, anticipando un invierno con precios elevados.
Sí, hay motivos reales para vigilar de cerca esta temporada: almacenamientos ajustados, un conflicto sin resolución a la vista y precios en máximos de tres años. Pero no es una situación de desabastecimiento, sino sobre todo un problema de precio, amortiguado en parte por las medidas fiscales del Gobierno y por la posición comparativamente menos vulnerable de España frente a otros socios europeos más dependientes del gas de Oriente Medio.
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