Así lo advirtieron hoy algunos expertos, según los cuales, los consumidores deberán extremar los cuidados a la hora de deshacerse de las bombillas que se hayan fundido o roto para evitar la contaminación con el mercurio venenoso que contienen.
La Agencia del Medio Ambiente del Reino Unido reconoció que tanto el comercio como las autoridades tienen que hacer mayores esfuerzos para informar al público de cómo hay que reciclar ese tipo de bombillas.
Las autoridades británicas quieren sustituir de aquí al 2011 todas las bombillas incandescentes tradicionales por modelos fluorescentes que ahorran más energía como parte de la lucha contra el cambio climático.
Según el profesor John Hawk, portavoz de la Fundación Dermatológica Británica, las nuevas bombillas pueden causarles problemas a las personas de piel sensitiva a la luz, muchas de las cuales no pueden pasar ya mucho tiempo en lugares iluminados con lámpara fluorescentes, como hospitales y fábricas.
'La luz fluorescente parece tener alguna característica ionizante que afecta al aire que las rodea, y esto a su vez tiene repercusiones para un determinado número de personas', afirma Hawk.
Según consejos del Ministerio británico del Medio Ambiente, si se rompe una bombilla de baja energía, hay que evacuar la habitación de personas durante un cuarto de hora como mínimo.
Además en ese caso no debe usarse una aspiradora automática para recoger los restos y hay que evitar inhalar el polvo.
Las autoridades medioambientales recomiendan el uso de guantes para recoger la bombilla, que luego debería llevarse en una bolsa de plástico al lugar del municipio destinado para su reciclaje.
Según el toxicólogo David Ray, de la Universidad de Nottingham, citado por la BBC, una bombilla de baja energía tiene entre 6 y 8 miligramos de mercurio, cantidad que es por sí 'muy pequeña'.
El peligro estriba en su acumulación en el cuerpo y especialmente en el cerebro por exposición repetida a ese metal.
Con su plan de sustitución de las bombillas de tungsteno por otras más ecológicas, que se pone en marcha este mes de enero, el Gobierno británico pretende eliminar anualmente como mínimo el equivalente de 5 millones de emisiones de CO2.