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Greenpeace cree que las tarifas eléctricas deben estar basadas en el principio de transparencia, de manera que los consumidores conozcan fielmente el verdadero coste de cada una de las actividades necesarias para suministrarles la electricidad. La aplicación de este principio es condición necesaria para que los consumidores puedan ejercer su derecho a elegir el origen de la electricidad que compran, y para que se incentive un uso eficiente de la energía.

 

La organización ecologista ha hecho llegar sus propuestas a la Comisión Nacional de Energía (CNE), en respuesta a la consulta pública realizada por este organismo sobre la metodología para el establecimiento de tarifas de acceso a las redes y de tarifas de último recurso en el sector eléctrico. Las principales propuestas de Greenpeace son:

• Las tarifas deben reflejar todos los costes con total transparencia.   
• Se deben eliminar de las tarifas las subvenciones a las energías más sucias (nuclear y carbón). Esto supondría en 2008 un ahorro de más de 233 millones de euros, que permitirían aumentar la asignación a eficiencia energética en un 85%, sin que el consumidor tuviese que pagar más.
• Las primas a la incineración de residuos deben desaparecer, y no seguir encubiertas tras las de las renovables y la cogeneración.
• Los costes reales de todas las actividades necesarias para el suministro eléctrico deben ser pagados por quienes consumen la electricidad, no por los impuestos de los contribuyentes.
• No es admisible seguir acumulando déficits que habrán de pagar los consumidores futuros.
• Los costes se deben asignar proporcionalmente al consumo de energía de cada consumidor en cada momento. Sólo los costes de garantía de suministro y los permanentes deberían ser proporcionales a la potencia contratada.
• Hay que evitar incentivos perversos e injustos, como las tarifas más baratas a los mayores consumidores de energía.
• Se debe promover la eficiencia energética mediante tarifas progresivas, de forma que el precio de cada kilovatio-hora sea mayor (o menor) cuanto mayor (o menor) sea el consumo medido de energía de cada consumidor.
• Los suministradores de último recurso han de tener la obligación de realizar acciones de gestión de la demanda para promover el ahorro de energía entre sus clientes.
• Los grupos de consumidores que puedan acogerse a la tarifa de último recurso deben acotarse a aquellos con consumo anual inferior a 7000 kWh o con potencia contratada inferior a 1 kW. El periodo transitorio debe ser lo más breve posible, y no alargarse más de 2011. La problemática social de aquellos consumidores con muchas personas bajo un mismo contrato (familias numerosas, etc.) debe compensarse a través del IRPF.
• Otras medidas necesarias para asegurar el derecho a elegir el origen de la electricidad y elegir energía limpia incluyen: separación completa entre empresas (y grupos de empresas) que realicen actividades de distribución y de generación de electricidad, evitar que las garantías de origen se puedan vender por separado de la electricidad que garantizan, reforzar las exigencias ambientales para el etiquetado eléctrico y eliminar las barreras para que los consumidores puedan acceder al mercado de la electricidad.

"Unas tarifas transparentes son fundamentales para evitar engaños" -ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace España-. "Los consumidores tienen derecho a saber los conceptos por los que están pagando, para así poder elegir".