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A través de una queja, Iberdrola denunció anteayer en Bruselas al Estado francés por lo que considera un blindaje ilegal de Électricité de France (EDF). La eléctrica española espera que el departamento de Mercado Interior acabe con las normas que impiden entrar en el capital del grupo estatal galo.
 

Fuentes del departamento que dirige Charlie Mcreevy confirmaron ayer la recepción de la queja e indicaron que 'se estudiará concienzudamente'. Las mismas fuentes, sin embargo, advierten que la tramitación puede tardar varios meses en resolverse. Ignacio Sánchez Galán abre así un nuevo frente para intentar frenar a EDF. La denuncia ante la institución comunitaria no frena los posibles movimientos del monopolio galo, pero coloca su peculiar estructura accionarial bajo los incómodos focos de Bruselas.

La compañía francesa ya sufrió en 2002 un zarpazo de la dirección general de Competencia de la CE, que obligó a suprimir el aval público ilimitado de que disfrutaba. El entonces comisario, Mario Monti, exigió además la devolución de 889 millones de euros, más intereses, percibidos como ayuda de Estado ilegal en concepto de exenciones fiscales.

Ahora la investigación de Bruselas deberá centrarse en la potestad que se arroga el Estado francés para nombrar por decreto a 6 de los 18 miembros del consejo de administración de la compañía, así como al presidente y al consejero delegado. El gobierno de Nicolas Sarkozy dispone de esa prerrogativa con independencia de la participación del Estado en la compañía. Pero también la estructura del capital está blindada, porque el sector público no sólo posee el 84,9%, sino que además, por ley, no puede deshacerse de la parte que no cotiza en Bolsa (el 70% del capital).

La queja de Iberdrola se basa en que esa estructura accionarial y bursátil resulta disuasoria para los potenciales inversores que quieran hacerse con el control de EDF. Por tanto, las leyes francesas suponen una violación de los artículos del Tratado de la UE que consagran la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.

A pesar de estos argumentos, la queja de Iberdrola puede toparse con cierta frialdad en Bruselas porque el encargado de tramitarla, el irlandés Charlie McCreevy, ya se ha mostrado reacio a enfrentarse con los países más poderosos de la UE. El año pasado dio carpetazo al expediente de la acción de oro de Eon-Ruhrgas aceptando la vaga promesa del Gobierno alemán de no utilizarla.

Iberdrola, sin embargo, dispone de la posibilidad de presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia europeo si aprecia pasividad por parte de McCreevy. Esa espada de Damocles puede animar a la CE a ser esta vez un poco más beligerante que en el caso alemán, en el que no había denunciante concreto.

Ventajas de Iberdrola

La jurisprudencia comunitaria, además, juega a favor de la compañía española. El Tribunal de Luxemburgo ha declarado ilegales todas las acciones de oro denunciadas por la CE, salvo la de Bélgica. España y Francia se encuentran entre los países que ya han sido condenados por sus artificios accionariales.

Los jueces también han anulado este mismo mes la llamada ley Rato, diseñada en 1999 por el Gobierno de José María Aznar para frenar, precisamente, la entrada de EDF en el mercado energético español.

Esa norma somete a autorización el ejercicio de los derechos de voto de las inversiones con capital público en empresas energéticas españolas. Una norma mucho más benigna que los blindajes franceses y, aún así, ilegal.


Fuente: Cinco Días.