Para reducir el poder de mercado de las dos grandes eléctricas españolas, que controlan el 80% de la energía que se compra y se vende en el mercado mayorista de la electricidad (pool), el Gobierno estableció en el real decreto de tarifas de 2007 un sistema de subastas virtuales de energía primaria, conocidas como VPP, según sus siglas en inglés (Virtual Power Plants). Según la norma, Endesa e Iberdrola debían colocar entre otros agentes del mercado 2.000 MW de su producción anual, que aquéllos comercializan después.
El sistema, que ha provocado chispas entre las empresas, especialmente en Iberdrola que ha denunciado en los tribunales la cuarta subasta que se celebró, precisamente, ayer, establecía subastas trimestrales, semestrales y anual.
A partir de ahora, según un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros en febrero, el volumen de la energía a subastar casi se duplica. A partir de la sexta subasta, que se celebra en septiembre, será de 3.350MW y a partir de la séptima, de 3.550 MW. El real decreto, que recoge las recomendaciones que hizo la CNE en su informe preceptivo, entrará en vigor tras su publicación en el BOE los próximos días.
En su contenido, al que ha tenido acceso CincoDías, y siguiendo las peticiones del regulador energético, se ha introducido un importante cambio. A partir de ahora, el organizador de la subasta (en estos momentos, Deloitte) será elegido por la CNE y no por las eléctricas, aunque éstas serán las que paguen el servicio.
Otra novedad es la desaparición de las subastas trimestrales, lo que supone que, frente a las cuatro pujas que se celebraban hasta ahora, sólo se realizarán dos (semestral y anual). Según fuentes próximas al Gobierno, la colocación de energía con periodicidad trimestral permitía que las empresas "acudiesen en los cuatro o cinco días previos a los mercados a plazo con precios elevados para contaminar el de la subasta". El regulador entiende que en las semestrales este tipo de maniobras no tienen el mismo efecto. Y es que, añaden las mismas fuentes, "el producto más contaminable es el trimestral".
Las dos grandes eléctricas, que se han visto obligadas a ir de la mano en estas subastas (cuentan con una página web común) y se han resistido a que el precio de reserva (por debajo del cual se declara desierta) lo impusiera el ministerio, se encontrarán a partir de ahora en la obligación de colocar hasta 3.550 MW (equivalente a unas siete centrales). Se trata de MW a ceder en un año: o se subastan en un semestre o en dos partes si es anual. El objetivo de las VPP obligatorias es reducir el poder y, con él, la posibilidad de que las grandes empresas fijen precio en el mercado diario. En otras palabras, el regulador pone precio a una parte de la producción.
Iberdrola quiso boicotear la cuarta subasta virtual de energía primaria que se celebró ayer, al solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid su suspensión cautelar. Dicha petición forma parte de una denuncia, sobre la que el juez deberá pronunciarse, contra la decisión del Ministerio de Industria de cambiar "unilateralmente" la metodología de cálculo del precio de reserva de las subastas, por debajo del cual éstas se declaran desiertas. Concretamente, Industria ha establecido un coeficiente reductor del 0,8%, que las empresas implicadas rechazan.
No obstante, fuentes próximas al Gobierno aseguran que "de no haberse aplicado dicho coeficiente habrían fracasado todas las subastas celebradas hasta ahora". Aunque Endesa también pidió a la CNE en diciembre la anulación de la tercera puja, no ha acudido, sin embargo, a los tribunales, tal como ha hecho Iberdrola.
A las subastas virtuales de Endesa e Iberdrola acuden agentes, como Gas Natural, que comercializan la electricidad en el mercado. También Iberdrola acude a las que se celebran en Portugal. En la que tuvo lugar el diciembre, un 70% eran operadores extranjeros.