En un comunicado, UCE asegura además que el Real Decreto 1634/06, en el que se sustituye la tarifa nocturna por otra de discriminación horaria, se ha tramitado de forma "totalmente irregular", ya que no ha sido suficientemente explicado a los usuarios ni ha pasado por el Consejo de Consumidores.
Junto a esto, entiende que el decreto supone una "vulneración del principio constitucional de irretroactividad" y deja en una situación de "inseguridad jurídica" a más de un millón de clientes de la tarifa nocturna.
Mediante la aplicación de la norma a partir del 1 de julio, los consumidores de tarifa nocturna sufrirán un encarecimiento de su factura y quedarán "atrapados con sus acumuladores, sin posibilidad de recurrir ante una modificación unilateral de sus contratos".
Por otro lado, UCE denuncia que el Gobierno no ha establecido mecanismos de información a los usuarios acerca de los cambios tarifarios. Solamente, indica, las eléctricas han enviado una carta a los consumidores informándoles de las modificaciones, pero sin explicar las consecuencias de la nueva discriminación horaria en su factura de la luz.
"Cuando faltan apenas quince días para el fin de la tarifa nocturna todavía no existe una información oficial sobre el cambio, a pesar de las miles de reclamaciones remitidas por los consumidores al Ministerio", añade.
El consejo de administración de la CNE encargó ayer a sus servicios técnicos que estudien qué medidas pueden adoptarse para compensar a los usuarios que hicieron inversiones para adaptarse a la tarifa nocturna y que ahora ven cómo esta modalidad queda sustituida por la de discriminación horaria.