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La Consellería de Innovación e Industria solicitó al Ministerio de Industria el mantenimiento de la tarifa 2.0 con discriminación nocturna, en los términos en los que se estuvo aplicando hasta este momento con las lógicas actualizaciones periódicas en su importe, en contra del criterio del Gobierno que prefiere aplicar otro tipo de baremo (como ya informó News Soliclima).

 

 

 

Para el departamento autonómico, en un contexto de desaparición de las tarifas eléctricas, se podría perpetuar un sistema similar a éste en el marco de las tarifas de último recurso (aquellos precios máximos fijados por el Estado que podrán cobrar los comercializadores que asuman el suministro en baja tensión, en determinados casos, después de la desaparición de las tarifas eléctricas).

En una carta dirigida al ministro Joan Clos, el conselleiro de Industria, Fernando Blanco, muestra su preocupación por el efecto negativo que tendrá sobre las economías domésticas de unos 160.000 hogares gallegos la supresión de la tarifa nocturna y su sustitución por la de discriminación horaria.

El conselleiro recuerda que ya en los diferentes consejos consultivos de electricidad en los que se abordó esta cuestión su departamento puso de manifiesto que el tránsito de la tarifa nocturna a la de discriminación horaria sería particularmente delicado para muchos consumidores gallegos, debido al patrón de consumo eléctrico que desarrollan en la actualidad.

En este sentido, subraya que éste fue inducido, en gran medida, por la adopción en su día del propio sistema de 'tarifa nocturna', promovido tanto desde la propia Administración General del Estado como desde las compañías distribuidoras.

Sin información

Según Fernando Blanco, resulta particularmente preocupante el modo de materialización de esta media puesto que existe una nula información por parte del ministerio a los consumidores, no hay por parte de la Administración del Estado ningún mecanismo o instancia para asesorar a quien deberá afrontar este cambio en las cuestiones particulares que les pueden surgir y, finalmente, porque se traslada a los usuarios el coste del cambio, de forma unilateral y escasamente transparente.

El conselleiro critica que el coste del cambio recaiga sobre el usuario y considera que resulta necesario valorar los efectos reales de esta modificación y estudiar un reparto de las carga que incluyese a las compañías distribuidoras e incluso a la propia Administración estatal, a través de ayudas que minorasen los efectos económicos negativos sobre las economías domésticas en función de las diferentes variables que podría concurrir en esta situación.

Finalmente, Blanco considera necesaria una campaña del ministerio para informar y orientar de manera eficaz a todos los que tendrán que afrontar este cambio para que se produzca de forma más beneficiosa para el usuario.