Greenpeace denuncia que las tarifas eléctricas actuales esconden escandalosas subvenciones que pagan los consumidores:
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Hacia las grandes compañías eléctricas. Un informe de la Comisión Nacional de Energía (
CNE) [
1] pone en evidencia, por primera vez, que los precios del mercado eléctrico superan los costes reales en 1.500 millones de euros, según estima la propia CNE. Esta "brecha" beneficia de forma desproporcionada a las centrales nucleares y a las grandes hidráulicas. Greenpeace propone que la CNE elabore un análisis más detallado de los costes de todas las tecnologías de generación eléctrica, incluidos los costes ambientales, para proponer las reformas legales necesarias que impidan la obtención de beneficios injustificados por parte de las empresas eléctricas.
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Hacia las energías sucias. Según la organización ecologista, quienes generan los residuos radiactivos (las centrales nucleares) deberían pagar lo que cueste gestionarlos, y no sólo durante el tiempo en que se estén produciendo los residuos (el tiempo de operación de las centrales), sino durante todo el tiempo en que los residuos tengan un nivel de radiactividad peligroso para el entorno. Greenpeace propone incrementar la asignación de eficiencia energética en un 85% mediante la eliminación de las partidas destinadas a las subvenciones de la energía sucia, tales como el Plan de viabilidad de ELCOGAS, el Incentivo al consumo del carbón autóctono, la Moratoria Nuclear y la 2a parte del ciclo de combustible nuclear.
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Hacia las empresas que más energía gastan (tarifa G4). Cinco empresas, que consumen cerca del 4% de toda la energía demandada por los 27.551.929 consumidores que hay en España, pagarán por cada kWh consumido 1,5 céntimos, mientras que los consumidores acogidos a la Tarifa Social (que podrían ser unos 4,5 millones de hogares) pagarán cerca de 11 céntimos, es decir, más de siete veces más. Greenpeace propone eliminar ya la tarifa G4.
"Es indignante que se mire con lupa a las energías renovables, que tienen que justificar con detalle las primas que reciben, mientras se pasa por alto a las nucleares, grandes hidráulicas y térmicas que se llevan beneficios gigantescos a cambio de nada", ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace España. "Y es inaceptable que, mientras a la mayoría de los consumidores se les trata de incentivar a un consumo responsable, se les obligue a seguir subvencionando la electricidad a las cinco empresas que más energía gastan".
Otro grave problema de las tarifas actuales es el insostenible déficit tarifario, una bola de nieve que no para de crecer. Según Greenpeace, para acabar con el déficit, hay que limpiar las tarifas de todos los costes injustificados, en vez de, como hace el Gobierno, fijar unas tarifas por debajo de lo que cuesta realmente la energía, lo que es un grave perjuicio para los consumidores y para el medio ambiente, y sólo beneficia a las eléctricas.
Con este sistema se engaña a los consumidores, haciéndoles creer que la energía cuesta menos de su valor real de mercado, con lo que el consumo se eleva, de manera que la cantidad total de energía vendida es mayor de lo que sería con una tarifa que dijese la verdad. En consecuencia, los consumidores acaban gastando (y pagando) más, mientras que las empresas eléctricas ven aumentar sus ventas, como reconoce en su informe la Comisión Nacional de Energía. Lejos de resolverlo, la propuesta del Ministerio aumentará el déficit en otros 2.500 millones de euros entre abril y octubre de 2008, es decir, obliga a los consumidores futuros a subvencionar el consumo que se haga hoy. Greenpeace propone una negociación entre todos los agentes representados en el Consejo Consultivo de Electricidad para acordar una solución al problema del déficit acumulado.
Por otro lado, Greenpeace apoya los elementos de progresividad que contiene la propuesta del Ministerio, que incluyen recargos en la baja tensión a los que consuman más energía y exenciones para los que menos, aunque para los ecologistas deberían establecerse más tramos de consumo para ir aplicando los recargos progresivamente, y aplicarse a todas las tarifas.
La organización también apoya la nueva Tarifa Social. El hecho de que esta tarifa no pague término de potencia y sólo término de energía es una excelente forma de incentivar el uso racional de la energía, de manera que los consumidores que se acojan a ella vean directamente relacionado su consumo de energía con el importe que deben pagar.
Para Greenpeace, los costes de la energía los deben pagar quienes la consumen, a través de las tarifas o de los precios del mercado, mientras que los presupuestos generales deben emplearse para compensar, a través del IRPF, a aquellos consumidores de menores ingresos que se vean perjudicados por las subidas de la electricidad.
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