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Ayuntamientos y fabricantes deberán apostar por sistemas de iluminación urbana más eficientes contando con el asesoramiento tecnológico de expertos en la materia como es el caso del laboratorio de fotometría de AIDO, que orienta a las empresas del sector sobre los criterios de diseño a tener en cuenta para reducir el impacto medioambiental y asegurar el correcto aprovechamiento de la energía.

 

La iluminación en los núcleos urbanos ha tenido siempre como objetivo primordial proporcionar luz para la realización de nuestra actividad cotidiana. En ese sentido, es evidente que la emisión de luz artificial de cualquier dispositivo de alumbrado dirigida hacia el hemisferio superior supone una pérdida importante de dinero -en términos de consumo energético- a la vez que un elevado coste para el medio ambiente. Esto significa que toda luz artificial dirigida al firmamento es totalmente desperdiciada, ya que además de contaminar el cielo no repercute en una mejor visibilidad en el entorno en el que nos movemos.Hace más de 20 años, se dio la voz de alarma sobre la relación entre los inadecuados niveles de iluminación de los núcleos urbanos y la creciente disminución de visibilidad de las estrellas, hecho que afecta a personas y a entidades involucradas en el campo de la astronomía, así como la preocupación sobre el correcto aprovechamiento de la energía que se invierte en alumbrar pueblos, caminos y ciudades y su repercusión en la economía y el medioambiente.

Con todo esto, organismos públicos y privados así como fabricantes del sector de la iluminación urbana deberían invertir recursos en sistemas de iluminación adecuadamente diseñados -antes de su proceso de fabricación- para ser energéticamente eficientes y no dañar el medioambiente. Llegados a este punto es necesario ponerse en manos de profesionales como el Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO) que a través de su laboratorio de fotometría presta servicios de asesoramiento tecnológico, ensayo y diseño óptico a las empresas fabricantes del sector de la iluminación y señalización luminosa. Este laboratorio está reconocido por la Oficina Técnica Para la Protección de la Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Canarias para la realización de ensayos en luminarias de exterior y verificar su adecuación a las exigencias de la llamada -Ley para la Protección del Cielo. Teresa Molina, responsable de la Unidad de Fotometría e Iluminación de este centro, asegura que -sólo un pequeño porcentaje de las empresas nacionales del sector se preocupa por invertir en actividades de ensayo y diseño óptico de sus dispositivos antes de ser lanzados al mercado. El vacío legal ante una estricta normativa de protección del cielo en la Comunitat Valenciana hace que convivan en el mercado productos que cumplen las recomendaciones con otros que no lo hacen.

Radiografía de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda está elaborando en la actualidad un anteproyecto de ley para la prevención de la Contaminación Lumínica de la Comunitat, que está previsto que se presente en Les Corts a lo largo de esta legislatura y que pretende ser un instrumento útil para normalizar la regulación de las instalaciones de alumbrado exterior.

La futura ley del Consell servirá para articular la colaboración entre las Administraciones públicas y recogerá específicamente las características propias del territorio, así como las particularidades del entorno. El proyecto de ley también se complementa con otras medidas como la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático que se está elaborando, la redacción de una norma técnica sobre eficiencia y ahorro energético en el alumbrado público y el apoyo de las Administraciones locales para incorporar tecnologías de alumbrado público de bajo consumo.

Legislación pionera

Fue precisamente la -Ley para la Protección del Cielo de 1988 sobre la Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias la que puso la primera piedra en España para la regulación de esta materia. El siguiente paso tuvo lugar en 1995 gracias a una campaña de ámbito estatal en contra de la contaminación lumínica desde la Sociedad Astronómica de Figueres, que avaló la viabilidad de ciertas medidas para reducir la contaminación lumínica y el gasto energético. En 1998 el ayuntamiento de Tàrrega publicó la primera Ordenanza Municipal de protección del Cielo Nocturno de todo el país. Un año después, el Ministerio de Fomento editó en 1999 las Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles, que son de obligado cumplimiento para la Red de Carreteras del Estado, y donde se establece una limitación del 5% para el valor admisible del flujo luminoso emitido hacia el hemisferio superior. Posteriormente, se publica el -Reglament de protecció del cel nocturn de Cambrils en 2001 a la vez que Cataluña publica la Ley 6/2001 de Ordenación Ambiental del Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno. Esta Ley es pionera puesto que no afecta a una determinada actividad o área, sino que contempla aspectos ecológicos, cívicos, astronómicos y de ahorro de energía.

En 2002 se aprobó la Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad de Madrid, que incluye entre sus objetivos la reducción de la contaminación lumínica. Ese mismo año, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético en colaboración con el Comité Español de Iluminación hizo pública una propuesta de ordenanza municipal con el objeto de que fuese evaluada y adaptada para su publicación en los diferentes municipios. Esta Ordenanza pretende establecer las condiciones que deben cumplir las instalaciones de alumbrado exterior, tanto públicas como privadas, situadas en un determinado municipio, con el fin de mejorar la protección del medio ambiente mediante un uso eficiente y racional de la energía que consumen y la reducción del resplandor luminoso nocturno, sin menoscabo de la seguridad vial, de los peatones y propiedades, que deben proporcionar dichas instalaciones.

Además, en enero de 2004, el ayuntamiento de Castro Urdiales aprobó la -Ordenanza Municipal para la regulación del alumbrado exterior en su término municipal seguido del ayuntamiento de Santander, quien aprobó la -Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente.

En el año 2005 en las Islas Baleares se reguló el alumbrado para evitar la contaminación lumínica mediante la aprobación de la Ley 3/2005 de Protección del Medio Nocturno de las Illes Balears. También en el mismo año se aprobó en Navarra la Ley Foral 10/2005 de Ordenación del Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno.

El Ministerio de Medio Ambiente ha comenzado a prestar atención al problema y, en el mes de mayo del año 2005, el Pleno del Senado aprobó una moción por la que se instaba al Gobierno a la elaboración de un informe técnico sobre la contaminación lumínica en España, así como una legislación básica sobre la materia.

 

Entre las últimas comunidades que han optado por la regulación en este tema podemos desatacar Cantabria que en el año 2006 aprobó la Ley de Prevención de Contaminación Lumínica 6/2006. Por último, Murcia ha elaborado una Ley contra la Contaminación Lumínica que se hará efectiva en el próximo septiembre y prevé reducir en un 50% el gasto en alumbrado público.

Todas estas ordenanzas son orientativas y en ningún caso atajan el problema desde la raíz. Cuando la certificación del diseño de los dispositivos de iluminación vial sea una exigencia de comercialización en el mercado -al igual que lo es el marcado CE- con la que se demuestre que cumplen con los requisitos mínimos para garantizar eficacia y eficiencia estaremos más cerca de la solución. Por el momento, hasta que la Unión Europea no tome cartas en el asunto y establezca una normativa a aplicar en el sector seguiremos desperdiciando energía y lo que es peor, contaminando nuestro hábitat natural.