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Concretamente, estas alegaciones fueron dirigidas a dos proyectos fotovoltaicos del término municipal de Lorca (de 2,88 y 13,6 MW); a dos plantas en Yecla (de uno y 3,7 MW); y una quinta central en el municipio de Santomera (2,4 MW).

Según las fuentes, la organización, que apoya la energía solar como recurso limpio y renovable y como una fuente de energía necesaria para reducir el impacto del consumo energético, reclamó que en su desarrollo se tenga en cuenta determinados aspectos que permitan compatibilizar su desarrollo con la máxima protección medioambiental.

Por este motivo, y ante el incremento exponencial y desordenado en el número de centrales fotovoltaicas, Ecologistas en Acción demandó medidas de regulación y reclamó un Plan Regional de ubicación de parques fotovoltaicos que determine, en virtud de criterios de disponibilidad del recurso y de impacto ambiental, las zonas óptimas potencialmente destinadas al aprovechamiento energético, quedando el resto de territorio excluido.

En las alegaciones presentadas por la organización demandó que excluyan para la instalación de centrales fotovoltaicas aquellas zonas con figuras de reconocimiento medioambiental por los valores que albergan (Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, Sitios Ramsar, Reserva de la Biosfera). Asimismo, reclamó que tampoco se incluyan inicialmente aquellas áreas críticas de especies en peligro de extinción o amenazadas.

Además, pidieron medidas concretas de protección para la fauna, especialmente aves, como el soterramiento de las líneas de evacuación de energía y medidas de protección frente a posibles accidentes por electrocución.

El establecimiento de pasillos de seguridad y distancias a zonas residenciales (criterio de 1 metro/kilovoltio) en el trazado de líneas eléctricas de evacuación; su soterramiento cuando parte de su trazado afecte a espacios protegidos; la protección del dominio público hidráulico (cauces, ramblas), de vías pecuarias y del patrimonio histórico, cultural y arqueológico; la integración paisajística de los proyectos; y la adopción de medidas que permitan prevenir la contaminación lumínica y sus efectos, son otras de las medidas que Ecologistas en Acción demanda para armonizar el necesario desarrollo de la energía fotovoltaica y la conservación del medio natural.

Ecologistas en Acción señalaron que la falta de regulación está provocando un desarrollo sin planificación ni criterios firmes en su ubicación para las centrales solares en nuestra Región, situación que puede provocar, como ya empieza a ocurrir, un rechazo en la ciudadanía y puede generar una imagen negativa de la energía solar.