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El sector fotovoltaico se muestra profundamente decepcionado con el Ministerio de Industria

"Necesitamos que nos abran otras puertas", aseguró Laso. Aunque la pretensión parece llegar un poco tarde. El Real Decreto, enviado ya por el Gobierno a la Comisión Nacional de la Energía, debería entrar en vigor en septiembre. La propuesta contempla una subvención de 33 céntimos por kilovatio en el caso de paneles solares en tejado y de 29 céntimos para los huertos solares en tierra, frente a los 45 céntimos actuales para ambos casos. Más penoso resulta para el sector, explica Laso, la fijación de un tope de potencia de generación de 300 megavatios, cuando sólo este año se habrían generado 600.

"Lo que no tiene sentido es que hace años se impulsara un sector que genera empleo, que es intensivo en I+D, que reduce la dependencia energética exterior y que ha atraído importantes flujos de inversión extranjera, justo lo que necesita ahora la economía, y que ahora se deje morir sin más. No es lógico, y sólo para reducir el déficit tarifario", lamenta Laso. Para la AEF, el hecho de que haya sido Pedro Marín, el secretario general de Energía, el que se haya encargado de la negociación no sólo obvia el importante carácter industrial que ha adquirido la producción de energía solar, sino que ha centrado el debate en el problema del llamado déficit de tarifa de las eléctricas (la diferencia negativa entre el precio que les cuesta producir la energía y el precio al que la cobran), al que contribuye la subvención a la fotovoltaica. Las eléctricas están obligadas a comprar la energía solar generada a un precio bonificado.

Respecto a este segundo punto, La AEF -que incluye a las principales compañías del sector, como Bergé Generación, Isofotón, Siliken o T-Solar, entre otras- ha echado sus cuentas. Estima que, aunque entre 2008 y 2015 el coste de la tarifa fotovoltaica alcanzará los 13.500 millones de euros, el sector devolverá indirectamente a través de los diferentes impuestos, tasas y contribuciones a la Seguridad Social unos 11.900 millones. A los que habría que sumar el ahorro en gas natural para la generación eléctrica (2.200 millones) y el ahorro en emisiones de dióxido de carbono (400 millones). Un escenario que arroja una contribución positiva al sistema de 1.000 millones de euros a un nivel de generación de 800 megavatios al año.

Otra cosa es el problema sobre la forma de ver un sector emergente. La falta de un planteamiento más definido sobre si el negocio fotovoltaico es la típica inversión de rentabilidad segura aconsejada por la banca de inversión o acoge un planteamiento industrial, está detrás de la falta de unidad en el sector y explica en parte que el Real Decreto no tenga en cuenta las ideas de parte de los productores. De hecho, el nacimiento de la AEF se produjo hace apenas dos semanas, después de que las 13 empresas más importantes del sector se escindieran de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), hasta entonces la organización de referencia.

"De lo que no hay duda es de que nos hemos pegado un tiro en el pie. Hemos llegado tarde en la negociación. Cuando desde ASIF, en medio de las conversaciones, se hacían declaraciones reconociendo que el sector mantenía un crecimiento insostenible se estaba dando pábulo a que la idea de que la especulación había entrado en la energía solar. Y no es así. Además, se estaban avalando enfoques propios de quien tiene una pequeña explotación de huertos solares, pero no de quienes han afrontado la energía fotovoltaica con espíritu industrial", asegura Laso.

Y es que en la decisión del Gobierno ha pesado decisivamente el temor a que el sector fotovoltaico generase una burbuja como la que se ha producido en el inmobiliario. De hecho, buena parte del ése sector ha visto el negocio solar como un nicho seguro, al contar con un marco tarifario regulado con una bonificación de hasta el 575% durante 25 años. Compañías inmobiliarias que ahora atraviesan serias dificultades por su elevada deuda y los problemas de financiación que atraviesa la economía en general, como Montebalito, Nozar, Urbas, San José, Acciona o Sacyr, han puesto un pie, sino pie y medio en el sector dentro de sus esfuerzos de diversificación.

De hecho, para salir al paso de la posible especulación que pueda darse en un sector con una regulación tan beneficiosa, Laso aboga por la creación de un registro de potencia "único, público y gestionado a nivel de Ministerio" que ordene la asignación de capacidad. Y es que el mayor desfase en la estructura de costes de una instalación fotovoltaica se produce en los costes de la ingeniería, planificación y dirección de obra, que en la propuesta de la AEF serán controlados desde ese registro para facilitar "el desarrollo ordenado del sector".

La AEF aboga por la ausencia de cupos en la instalación de energía fotovoltaica, situándose los objetivos de referencia nunca por debajo de la producción actual, situada entre los 600 megavatios de 2008 y los 800 previstos para 2009. Asimismo, plantean una tarifa de 35,8 céntimos para suelo y 39,8 céntimos el kilovatio hora para tejado, hasta plantas de 10 megavatios. Esa bonificación se reducirá un 7% hasta los 23,2 céntimos en 2015. En caso de superarse el objetivo anual de los 800 megavatios, la rebaja sería del 10% anual, alcanzando la tarifa los 19 céntimos el kilovatio hora en 2015.