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Pablo Domínguez Lemos, director comercial de la empresa compostelana Belenos, afirma, en una entrevista publicada hoy en El Correo Gallego, que «quien más está frenando el sector fotovoltaico en Galicia, algo que es extensivo a otras comunidades autónomas, es la burocracia administrativa».

 

En opinión de Pablo Domínguez, esa burocracia está impidiendo poner en marcha muchísimos proyectos fotovoltaicos, sean por una conciencia ecológica o por un rendimiento económico por las primas, sean por hacer una actividad industrial en el medio rural, y da un ejemplo de ello: «El sector ganadero lo ve como una diversificación de su actividad. Porque una explotación puede hacer una instalación de 15.000 o 18.000 paneles, que le puede generar entre 30 0 40 kilovatios, unos 20.000 euros al año. Lo que evita emisiones de CO2 a la atmósfera. Bueno, pues tenemos cantidad de problemas».

Según este economista, a pesar del esfuerzo hecho en cuanto al tejido empresarial desplegado en Galicia, no vislumbra un gran futuro para la expansión de la energía solar fotovoltaica, debido, principalmente, a la Ley del suelo. «Hasta hace nueve meses, la Ley del Suelo de Galicia no permitía hacer instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico común. Aún ahora, a pesar de haber hecho esa modificación, hay una enorme cantidad de pegas. Los terrenos han de tener más de 5.000 m2 de superficie. La ocupación del espacio de la finca no puede superar el 20%. Tenemos un perímetro cerca de espacios que se consideren históricos "añade Domínguez en la entrevista del Correo", sea cualquier tipo de camino primitivo o de movimiento megalítico, que no se puede desarrollar. A nivel de ayuntamiento la normativa está muy poco desarrollada, aparte de que la mayoría de los planes urbanísticos no están aprobados», lo que les obliga a pedir autorizaciones administrativas a la Xunta, con su consiguiente distanciamiento en los plazos adminitrativos de solicitudes de licencias de obra, etc.

El procediemiento habitual es presentar un proyecto básico al Ayuntamiento. Una vez presentado, se expone durante 21 días en el tablón de anuncios municipal, y va a pleno, pero si no tiene plan de urbanismo carece de competencias para otorgar licencia de obra, de modo que, si se aprueba, ese expediente se traslada a la delegación provincial de la Consellería de Política Territorial. Ésta hace una consulta a la Consellería de Medio Ambiente y otra a la Consellería de Cultura. En fin, esos trámites administrativos tardan en pasarse seis u ocho meses, como mínimo.

«Pero, además "explica Pablo Domínguez", el sector fotovoltaico tiene encima la espada de Damocles de que el decreto, por el que se conceden las subvenciones y primas por generación de kilovatio verde, expira el 29 de setiembre de 2008. Dado que la Xunta dio su aprobación el 27 de mayo de 2007 a que se pudiesen hacer instalaciones fotovoltaicas dentro del suelo rústico común, estamos en que en Galicia sólo disponemos de año y medio para acometerlas, y dejaremos de percibir mucho dinero en subvenciones.» En Castilla y León, en cambio, no hubo ningún impedimento, porque contempla, dentro de la Ley del Suelo, hacer instalaciones en suelo rústico común desde 2002 o 2003. La previsión del Inega es que, al acabar 2010, la producción de energía fotovoltaica en Galicia sea de 20 megavatios.

Fuente: El Correo Gallego.