La Unión Europea (UE) aseguró el pasado jueves un aporte mínimo del 32% de energía renovable como objetivo para 2030, con una cláusula de revisión al aumento en 2023, como parte de la revisión de la legislación comunitaria para cumplir con el Acuerdo de París contra el calentamiento global.
Pedro Ortega, consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno canario, prevé que a finales de este año se cubran los 660 MW (megavatios) de potencia renovable en las islas, lo que supondrá una cuota del 20 por ciento de electricidad. Y espera en llegar al 45% de renovables en 2025, gracias a las nuevas participaciones de energías eólica y fotovoltaica.
Sin embargo, a las islas aún le queda un largo recorrido para alcanzar este objetivo: en 2016, las energías renovables en Canarias aportaban el 7,6% de la producción eléctrica, según el último Anuario Energético de Canarias elaborado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Por otro lado, Aragón se encuentra en una buena posición para lograrlo. En 2016 (último dato disponible), el 25,1% de la energía consumida en la Comunidad se originaba de fuentes renovables. Una cifra que ha ido aumentando en los últimos dos años debido al impulso estimado, pero que en el interior va acompañada de los fenómenos meteorológicos. Es decir, la sequía y el viento pueden afectar a la producción de un año concreto. También, la comunidad aragonesa se encuentra muy por encima de la media nacional: 13,59% en el año 2016.
A pesar que Aragón esta en una posición favorable, en la Comunidad existen importantes diferencias. Mientras que las provincias de Huesca y Zaragoza tienen un enorme serie de producción de energía renovable y su posterior consumo (un 33% de la energía consumida en Huesca es verde y en Zaragoza esta cifra alcanza el 30,35%), en Teruel los datos no son tan positivos: solo un 9,18% de la energía consumida es renovable. Esto se debe al máximo impulso del carbón en esta zona, donde se sitúa la central térmica de Andorra.
Greenpeace: El derecho al autoconsumo
El acuerdo entre el Parlamento Europeo y los gobiernos de los diferentes países decidió el derecho de la ciudadanía, autoridades locales, pequeñas y medianas empresas y cooperativas a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable, sin estar atadas a tasas punitivas o/a excesivas limitaciones.
"Con las nuevas reglas -explican desde Greenpeace-, de aplicación a partir de 2021, se prohíben las sanciones que algunos países introdujeron para impedir que su ciudadanía participe en la transición energética, como el impuesto al Sol de España. Acabar con estas medidas -señala la oenegé ecologista- era una de las exigencias centrales de Greenpeace y de la sociedad civil recogidas por el Parlamento Europeo durante las negociaciones mantenidas con los gobiernos nacionales".
Asimismo Greenpeace da bienvenida al hecho de que, "por primera vez, la legislación de la UE reconoce el papel que ejercen las cooperativas controladas democráticamente en la transición energética, avivando a las personas la creación de sus propios proyectos de energía renovable y defendiéndolas frente a la posición dominante de las principales compañías eléctricas".