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El Código Técnico de Edificación, desde la perspectiva del sector inmobiliario

Tras un proceso de negociación largo y complicado que ha dado respuesta a tres mil alegaciones planteadas por los profesionales del sector, el Código Técnico de la Edificación es ya una realidad. Arquitectos, gestores de cooperativas y promotores se muestran satisfechos por la llegada del texto que unifica la normativa europea y española.

Después de más de cinco años de negociaciones, el sector ha llegado al consenso necesario para dar a luz el texto definitivo del Código Técnico de Edificación (CTE), 'la mayor reforma en materia de edificación desde la aprobación de la Constitución', según indican desde el Ministerio de Vivienda.

Las reacciones son casi unánimes y, salvo escasa puntualizaciones, los agentes del sector se muestran favorables al documento que permite aplicar como propias las directivas europeas sobre calidad y eficiencia energética y fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en los procesos de edificación y en los materiales de construcción.

El código está estructurado en una serie de documentos básicos, en los que recoge las exigencias que deben cumplir los edificios en ámbitos tan distintios como el ahorro energético, la salubridad, el ruido, la seguridad en caso de incendio, el uso y conservación del edificio y la seguridad en la utilización de los mismos. La definición que hacen desde el departamento que dirige María Antonia Trujillo incide especialmente en la mejora que supone para la calidad en la construcción: 'El CTE es el conjunto de normas que regula las exigencias básicas de calidad de los edificios y de sus instalaciones para asegurar el cumplimiento de los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad'. Esta revolucionaria medida permite a España 'estar entre los países más avanzados en cuanto a normativa de edificación', según indicó la propia Trujillo.

Más de 800 expertos de todos los sectores han trabajado en la redacción del texto definitivo, al que han sido incorporadas tres mil alegaciones, desde que comenzó a gestarse, hace ya más de cinco años.

La principal preocupación de empresas y particulares es el posible encarecimiento del precio de los pisos, derivado de la aplicación de la nueva normativa. La ministra de Vivienda ha insistido ya en más de una ocasión que “el pequeño esfuerzo inversor será amortizable muy rápido, en cuatro o cinco años”. Según los cálculos oficiales, el sobrecoste que supone el CTE oscila entre el 0,7% para las viviendas en altura y el 0,9% para las unifamiliares. La nueva normativa supone un ahorro considerable a medio y largo plazo que hace posible amortizar la inversión inicial en un corto espacio de tiempo.

Principales novedades

Para construir edificios y viviendas más sostenibles, el documento que aprobó el tercer Consejo de ministros de marzo incide sobre varias materias. Las exigencias básicas de ahorro energético persiguen alcanzar un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, “reduciendo a límites sostenibles su consumo, y consiguiendo que un parte del mismo proceda de fuentes de energía renovables”, explica el texto. Los edificios de nueva construcción tendrán que mejorar su eficacia energética y para ello, dispondrán de una cubierta envolvente que permitirá limitar la demanda de energía e incrementará el bienestar térmico en el interior, en función del clima. Distintos expertos aseguran que estas medidas podrían hacer que se generase un ahorro de entre el 7% y el 8% en el consumo de energía del país.

Otro de los aspectos fundamentales que trata el CTE es la salubridad y la protección frente al ruido. En éste último punto, la normativa existente hasta el momento databa de 1988. El texto aprobado plantea el planeamiento y la construcción de edificios teniendo en cuenta medidas que permitan reducir la transmisión del ruido aéreo y alude al mantenimiento y las prácticas de uso como herramientas para evitar mayor impacto por contaminación acústica. Este apartado puede ser el que tenga un efecto más pronunciado sobre los precios, como reconocen desde distintas patronales del sector, en las que afirman que “las normas referentes al aislamiento térmico y acústico pueden influir mucho”.

Otro de los aspectos en los que tiene una especial incidencia es en la seguridad en caso de incendio. El CTE involucra en este caso a los usuarios en la conservación de los edificios, e insta a llevar a cabo un plan de mantenimiento del inmueble, que cuente con la supervisión de un técnico experto en cada caso. Lo ocurrido con edificios emblemáticos, como el Windsor, ha hecho que se revise la normativa vigente en materia de prevención contra incendios, y se incluyan protocolos de actuación para favorecer la detección, el control y la extinción de las llamas. Entre las principales novedades del Código se encuentra el llamamiento a los usuarios para que colaboren en el mantenimiento de los edificios, a través de un uso adecuado de los mismos, algo que, hasta el momento, no aparecía en ninguno de los textos legales que regían esta matería, y que se ha incluido en esta ocasión, en respuesta a las demandas de los profesionales del sector.

Limitar el consumo

La vivienda nueva supone en España un consumo de energía que supera en un 40% al registrado en Francia, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. El secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, aseguró recientemente, que el CTE resulta fundamental para incrementar la eficiencia de la construcción en un país como en el nuestro, “en el que se edifican más viviendas al año que en Francia, Alemania e Italia juntas”. La actividad promotora forma parte de los llamados sectores difusos, en los que se incluyen viviendas, automóviles y comercios, cuya contribución a la emisión de gases de efecto invernadero está experimentando el crecimiento más rápido de todos.

A trompicones

La mayor parte de la normativa que se aplica en la actualidad en la construcción de edificios data de finales de los años 70, aunque ha sido sometida a diversas revisiones a lo largo de los años. La Ley de Ordenación de la Edificiación establecía un plazo de dos años en junio de 2000 para que el Ejecutivo aprobase el CTE por real decreto. En primavera de 2002, el Ministerio de Fomento presentó un proyecto que recibió tantas alegaciones, que obligó a plantear un segundo documento que sería presentado dos años más tarde a Bruselas, para que fuese sometido a revisión allí por el Gobierno comunitario.

Fuente: Negocio Inmobiliario, 30 de marzo de 2006