El Ministerio de Medio Ambiente obligará a los ayuntamientos y comunidades autónomas a tener en cuenta la contaminación del aire al aprobar nuevos planes urbanisticos y a cortar el tráfico si se superan los valores límite. Así lo establece el borrador de ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera que el Ministerio ha enviado a las comunidades autonómicas. La ley que sustituye a una norma de 1972, abre la puerta a que el Gobierno cree un sistema de compraventa de derechos de emisión de algunos contaminantes.
La mala calidad del aire es una de los problemas ambientales en España de más difícil solución -el Ministerio calcula que induce más de 16.000 muertos al año-, porque gran parte se debe al tráfico en las ciudades. El ministerio, que no tiene competencias sobre el terreno, ha decidido unificar toda la normativa vigente y reforzar la lucha contra la contaminación con una ley que además le permitirá tener más y mejor información.
El borrador de la ley comienza reconociendo la mala calidad del aire: "La contaminación atmosfférica continúa siendo motivo de seria preocupación en España. Aún existen niveles de contaminación con efectos adversos muy significativos para la salud humana y el medio ambiente, particularmente en las aglomeraciones urbanas".
El texto, de 53 folios, establece que las autonomías dividirán el territorio en zonas contaminadas. Esta división "deberá ser tenida en cuenta en la elaboración y aprobación de planes urbanísticos y de ordenación del territorio".
El ministerio ya metió una cautela similar en la reforma de la ley del Plan Hidrológico Nacional. En ese caso fijó que las confederaciones hidrográficas estipulasen si las nuevas urbanizaciones tendrían agua garantizada o no. El urbanismo es competencia municipal y autonómica y a la vez el principal problema de medio ambiente.
Por eso, el Ministerio busca influir de forma indirecta sobre la construcción. El borrador será debatido el martes con los directores generales de las comunidades autónomas.
Mecanismo de vigilancia
La norma fija que si se superan los niveles de contaminación, las comunidades y ayuntamientos fijarán "medidas de control o supresión de aquellas actividades que sean significativas en la situación de reisgo, incluido el tráfico automovilístico".
La ley también prevé "medidas económicas, financieras o fiscales que favorezcan la prevención y reducción de la contaminación atmosférica para mejorar los precios de las opciones menos contaminantes".
El Ministerio crea también un sistema nacional de información y vigilancia de la contaminación y obliga a las comunidades autonómas a enviarle los datos de forma periódica. Actualmente, el ministerio no sabe cuáles son las zonas contaminadas. Las comunidades les mandan los datos cada una a su manera.
El resultado es que el informe que Medio Ambiente envía a Bruselas cada año sobre la contaminación habla de zonas contaminadas tan vagas como "Andalucia, municipios de 5.000 habitantes", pese a que existe una amplia red de mediciones de clidad del aire.
El borrador incluye una llamada de atención a los ciudadanos al afirmar que "los particulares se esforzarán en el ejercicio de sus actividades cotidianas en contribuir a la reducción de las sustancias contaminantes en la atmósfera".
El departamento que dirige Cristina Narbona creará también un régimen sancionador a partir de la nueva ley. Las sanciones muy graves tendrán una multa de entre 200.000 euros y dos millones y van dirigidas principalmente a las empresas como centrales térmicas, refinerías, calefacciones de edificios, acerías, minerías, industria quimica y de fertilizantes papeleras, panificadoras, vertederos, freidurias industriales y crematorios, entre otras. En esta categoría se incluye "incumplir los valores limite de emisión", si eso pone en peligro la salud de las personas o ha producido un deterioro para el medio ambiente, impedir la inspección. Estas sanciones no evitan la aplicación del Código Penal.
El Ministerio podrá crear un sistema de comercio de derechos de emisión para algunos de los 14 contaminantes controlados. Se trata de que las empresas que más contaminen puedan comprar cuota a las más limpias y así fomentar la instalación de las tecnologías menos contaminantes, de forma similar al mecanismo de intercambio de derecho de dióxido de carbono fijado por el Protocolo de Kioto. Cinco de cada cien coches sólo emitirán calor y agua a partir del año 2020
El barril de petróleo ronda ya los 70 euros, los gobiernos de los grandes exportadores de hidrocarburos resultan a menudo poco fialbes y los desequilibrios medioambientales que producen los combustibles fósiles -cada vez más demandados- comienzan a ser preocupantes. Para hacer frente a esta situación, los países industrializados ya han empezado a buscar soluciones que cubran sus demandas energéticas y el hidrógeno se está convirtiendo en la alternativa estrella.
Juan Antonio Cabrera es encargado de prospectiva y vigilancia tecnológica dle Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tcnológicas (Ciemat) y autor del estudio de prospectiva sobre hidrógeno y pilas de combustible, recientemente presentado por el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial. Como Cabrera explica, "el hidrógeno, cuando se consume, sólo emite agua y calor, no emite ninguno de los gases que producen el efecto invernadero, con lo que su uso no contamina como lo hacen los hidrocarburos".
El problema es que no se encuentra por separado en la nautraleza, hay que producirlo, y en el proceso deben emplearse otras fuentes de energía. "Esto significa -señala el coautor del estudio. Gotzón Azkárate- que el hidrógeno no será un combustible limpio si la enegía utilizada para producirlo no lo es". Lo que este sector energético ofrece, además de una combustión limpia, es su capacidad para aprovechar con mayor eficiencia la energía procedente de fuentes renovables y el hidrógeno que se encuentra en el gas nautral. "El problema de las energías limpias, como la que nos proporcionan el sol o el viento, es que no se procuden de forma continua y si cuando se generan no se necesitan, se pierden" afirma Azfárate. El hidrógeno supondrá un impulso para las fuentes de energia renovable con las que entre 2020 y 2024 se producirá el 30% de este combustible.
Respecto el procesado de gas natural -por ahora el principal modo de producir hidrógeno-, aunque permite aprovechar mejor el hidrógeno que se encuentra en el gas, no es un sistema inocuo para el medio ambiente, porque produce dióxido de carbono. "Este inconveniente se podrá solucionar mediante sistemas que permitan capturar los gases desprendidos en el proceso antes de que lleguen a la atmosfera", explica Cabrera, quien añade que "ya hay tencologia y proyectos para producir plantas limpias de combustión".
En la UE se espera que en 2020 nueve millones de automóviles (un 5% de su parque móvil) circulen propulsados por hidrógeno.
Los plazos seán largos y la transición de una economía de hidrocarburos a otra de hidrógeno tendrá que superar obstáculos. "aunque la tecnología está probada y funciona, su empleo a gran escala requerirá grandes inversiones, por que será necesario cambiar desde los automóviles hasta las estaciones de servicio" dice Cabrera.
Durante un tiempo convivirán distintos combustibles y se construirán las infraestructuras necesarias para producir y distribuir el hidrógeno. En España, harán falta entre 500 y 1.000 estaciones hidrogeneras para abastecer de combustible al 5% del parque móvil de nuestro país en 2020.
Fuente: La verdad de Albacete, 16 de Junio de 2006